El activista y miembro de la Alianza Democrática Oriental José Antonio López Piña, quien desde 2021 está bajo fianza a la espera de juicio bajo el cargo de “instigación a delinquir”, fue amenazado por la Seguridad del Estado de ser acusado formalmente por sus publicaciones en redes sociales.

López Piña fue citado por el mayor Julio Fonseca para que se presentara el pasado 8 de agosto en la estación policial del poblado santiaguero El Cristo, donde reside.

“Me interrogó sobre unas publicaciones que están haciendo en un grupo de Facebook conocido como El Ventorrillo del Cristo, donde las personas se están quejando sobre la poca recreación que tiene la juventud en la localidad donde vivo y le exigen al gobierno y a las fuerzas del poder público que den actividades para que la juventud se pueda divertir”, relató el activista en declaraciones a Martí Noticias.

Luego de que el gobierno de su localidad prohibiera las actividades recreativas por la violencia que se desata durante ellas, las personas han manifestado en las redes sociales su inconformidad: “El oficial de la policía política me achaca a mí ese tipo de denuncia”.

El represor amenazó al activista diciéndole que “están recopilando todas las publicaciones que yo estoy realizando porque, según ellos, yo sigo trabajando para los medios independientes. Dice que están recopilando todas las evidencias para hacerme otra acusación formal porque yo estoy usurpando funciones y me voy a enfrentar a largas condenas de prisión por la nueva Ley de Comunicación Social que hay en el país”.

José Antonio López Piña está en un proceso penal en curso en el que se mantiene bajo una medida cautelar de fianza. El 21 de julio de 2021 fue arrestado y luego acusado de “instigación a delinquir”, por supuestamente incitar al pueblo cubano a salir a las calles a protestar durante las manifestaciones del 11J.

El régimen cubano ha enfocado sus acciones represivas en aquellos que utilizan las redes sociales para mostrar la realidad cubana y cuestionar a la dictadura, violando así el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. El pasado 7 de agosto en una transmisión en directo el párroco cubano Castor José Álvarez Devesa denunció en su perfil de Facebook que desde antes del 11 de julio no tiene acceso a internet.

“Uno se pregunta por qué, a algún cercano le dijeron que soy persona ‘non grata’. No es justo que los gobernantes determinen quién tiene acceso a internet y quién no, de acuerdo a que los apoyen o no los apoyen. Cristo dijo, porque es el hijo de Dios, o conmigo o contra mí, y él vino a traer el reino de los cielos, él es la verdad. Espero que un día triunfe el reino de los cielos en esta tierra cubana y no haya injusticia, nos respetemos más, nos llevemos bien, sepamos darnos respeto”, añadió el sacerdote camagüeyano.

El 11 de agosto también detuvieron arbitrariamente al activista avileño Duniel Boladeres Palencia, de acuerdo con una denuncia de su esposa Anisley Yrarragorri en su perfil de Facebook.

“Se acaban de llevar detenido a mi esposo Duniel Boladeres Palencia, hoy 11 de agosto a las 2:40pm, solo por escuchar música contestataria desde el balcón de la casa en Ciro Redondo, Ciego de Ávila. Se lo llevó una patrulla, esposado como si fuese un delincuente, y lo mandaron para Instrucción Penal en Ciego de Ávila. Él no hizo nada malo solo manifestaba su derecho a la libre expresión. ¡Basta ya!”, se lee en la publicación de la esposa.

Después de 10 días detenido en el cuartel de la Seguridad del Estado de la G2 en la carretera de Camajuaní, Santa Clara, el exprisionero político del 11J Alexander Fábregas Milanés fue trasladado a la prisión La Pendiente el pasado 7 de agosto en espera de juicio.

Su esposa, Mariam Prieto Rodríguez, denuncia constantemente en su cuenta en Facebbok que Fábregas Milanés fue secuestrado por la policía política sin haber cometido delito alguno, solo por reclamar los derechos que les corresponden como ciudadanos.