La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) expulsó a la académica e intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández en una reunión el pasado 12 de septiembre, en la que le informaron que la separación de la organización es definitiva y sin derecho a apelación.

En su perfil en Facebook, la profesora cubana detalló lo sucedido en un texto que tituló “Sanciones que honran”: “Hoy a las 11:00 a.m. asistí a una reunión citada por la directiva del Comité Provincial de la UNEAC de Matanzas. Estaban presentes, además de su presidente, cuatro personas más que presiden las diferentes asociaciones que componen la organización. Allí se me comunicó que he sido separada definitivamente de la UNEAC sin posibilidad de apelación, según establece el artículo 40 del reglamento, ya que publiqué en mis redes sociales información interna sobre el proceso disciplinario contra mí y ‘ofendí’ a un miembro de la organización (se trata de Julio César Pérez Verdecia, funcionario profesional del PCC que es a su vez vicepresidente de la Asociación de Escritores, el cual comentó en la página Atenea Matancera, un perfil de Seguridad del Estado para ‘el cibercombate’, que yo ‘había perdido la vergüenza y que violaba la paz en la ciudad’)”.

Alina Bárbara aclaró que tuvo que tomar notas durante la reunión, pues se negaron a entregarle una copia del documento aludiendo que se trataba de una “comunicación verbal”: “Tuve que insistir mucho para que repitieran la lectura del documento. La pretensión del presidente de la UNEAC era que yo escuchara y, al terminar la lectura, concluyera la reunión pues ‘no querían debatir’.”

No obstante, Alina logró escribir con exactitud las causas de la separación: “Por realizar actividades contra la revolución, por publicaciones contra la alta dirigencia de la revolución en La Joven Cuba, en CubaxCuba y en mis redes sociales, por mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio, por incurrir en delitos graves previstos y sancionados por el Código Penal como desobediencia y atentado y por violación grave de los estatutos y del reglamento de la UNEAC”.

Durante la reunión, Alina Bárbara replicó con fuerza cada una de las causas que esgrimieron en su contra con argumentos contundentes: “Les dije que efectivamente he analizado en artículos las causas del estallido social y he solicitado la libertad de los presos políticos pues me parece injusto que cumplan altas penas de prisión personas que solo se manifestaron gritando consignas o grabando videos de lo ocurrido. Nunca justifiqué los hechos de vandalismo, pero esta no fue la tónica general de lo ocurrido el 11J. Pedí que me precisaran qué actividades ‘contra la revolución/entiéndase gobierno’ yo he realizado pues: no milito en ninguna organización o partido de oposición, nunca he apelado a la violencia y soy proclive al diálogo nacional, jamás he convocado a ninguna persona a seguirme. Yo ejerzo derechos constitucionalmente establecidos en el artículo 56 de la Ley de leyes: libertad de expresión y de manifestación pacífica”.

La académica cubana puso en evidencia el desconocimiento de la UNEAC de la legislación vigente y añadió que es una organización que obedece a “estatutos inalterables de una organización política a la que no todos sus miembros pertenecen”, demostrando la falta de independencia y autonomía de esta con respecto al Partido Comunista de Cuba.

“Estoy segura de que ‘la orden de combate’ de la UNEAC fue decidida en otras instancias. A esas instancias le aclaro algo importante: yo seguiré siendo una intelectual, una ciudadana y una cubana digna aun fuera de esa organización que se ha deshonrado desde hace mucho. Eso ustedes no lo podrán evitar aunque les moleste”, aseguró la profesora.

El pasado agosto, Alina Bárbara López Hernández fue detenida cuando expresó en sus redes sociales su intención de salir a la calle a protestar para exigir la libertad del periodista y escritor Jorge Fernández Era, también arrestado cuando pretendía llevar a cabo una protesta pacífica.

El junio último, la académica fue detenida arbitrariamente y golpeada por la policía, cuando se dirigía a La Habana para protagonizar una protesta pacífica. Además de ser interrogada y amenazada durante 11 horas, la acusaron de atentado y le impusieron una medida cautelar de prisión domiciliar.