Cuba- Durante los primeros días del mes de noviembre, medios independientes y activistas dieron a conocer nuevos hechos represivos contra prisioneros políticos cubanos, los cuales implican distintos tipos de violaciones a la libertad de expresión.

A Denys Hernández Ramírez, preso político del 11J que cumple seis años de privación de libertad en la cárcel de Guanajay, le decomisaron un diccionario español-italiano de su propiedad, porque en una esquina del libro escribió la frase “Abajo la dictadura”.

En esa misma prisión, uno de los oficiales en el cargo de reducador suspendió las llamadas telefónicas a los reclusos que le presentaron quejas por los gusanos en la comida del penal.

También en Guanajay, las autoridades penitenciarias sancionaron al preso político Marlon Noval Alonso y lo amenazaron con quitarle las visitas familiares, debido a que su madre envió al medio independiente ADNCuba la grabación de una llamada donde el joven contó que el reducador “Larry” no quiere llevarlo al médico para atenderse una erupción en la piel. Noval ni siquiera tenía conocimiento de que su madre estaba registrando la conversación telefónica. El joven cumple diez años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena y padece trastorno bipolar.     

Mayelín Rodríguez Prado, recluida injustamente desde 2022 por trasmitir en redes sociales las protestas populares ocurridas en agosto de ese año en el municipio camagüeyano de Nuevitas, también fue sancionada por denunciar desatención médica y legal en la prisión de mujeres de Camagüey. Según informó en X el periodista José Luis Tan, le aplicaron dos medidas disciplinarias de carácter grave.

José Luis Boada, a quien la fiscalía solicitó recientemente 15 años de privación de libertad por escribir carteles antigubernamentales, fue llevado a celda de castigo durante 10 días en la cárcel habanera Valle Grande por colgar en una zona pública del penal una sábana con un letrero de “Patria y Vida”. Un reporte de RTV Martí explicó que la protesta fue debido a que sentía mal, pidió asistencia médica y no se la brindaron.

El preso político del 11J Humberto Paz Gutiérrez, sancionado a cinco años de prisión, fue trasladado a celda de castigo por colgar en el destacamento No. 5 de la cárcel Canaleta, Ciego de Ávila, una sábana con las consignas “Abajo la dictadura. Vivan los presos políticos”. Al recluso Ricardo Almenares también lo enviaron a aislamiento por filmar un video mostrando las malas condiciones en que subsisten los prisioneros, informó el activista Librado Linares.