El pasado 18 de octubre se llevó a cabo en Las Tunas el juicio contra Ana Ibis Tristá Padilla, acusada de incitar marchas y poner carteles contra el régimen en esa provincia, un juicio que, si bien quedó concluso para sentencia, según la activista estuvo marcado por irregularidades.

Junto a Tristá Padilla, que enfrentaba una petición fiscal de 12 años de privación de libertad, también estaban en la misma causa legal Félix Daniel Pérez Ruiz, a quien pedían siete años de prisión, Christian de Jesús Peña Aguilera, cinco años, y Jarol Varona Agüero, 10 años de cárcel, todos enjuiciados bajo los supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la Seguridad del Estado”.

Tristá Padilla declaró a Martí Noticias que el juicio se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo policial: “Estuvimos en el Tribunal Provincial hasta las 10 y algo de la mañana (...). Demás está decirle cómo estaba el Tribunal por fuera, rodeado de agentes de la Seguridad del Estado”.

“De un momento a otro apareció una guagua, salió mi abogado y digo: ‘Abogado, ¿qué está sucediendo?’, y dijo: ‘Nada, el juicio se va a celebrar en la prisión de Las Tunas, en El Típico’  y, cuando le pregunto por qué, me dijo que era por cuestión de seguridad, por temor de que alguien fuera... de que se hiciera algo”, relató la activista, esposa del preso político Damián de Jesús Hechavarría Labrada.

La vista oral se llevó a cabo en el teatro de la prisión y Tristá Padilla asegura que predominó la falta de pruebas por parte de la Fiscalía: “Un juicio lleno de mentiras, lleno de calumnias. Un juicio donde llegaba el momento en que tú tenías que explotar de tantas mentiras”.

Ana Ibis dijo al ICLEP que la sentencia deben darla a conocer a partir del 11 de noviembre próximo. Félix Daniel Pérez Ruiz y Christian de Jesús Peña Aguilera permanecen en la prisión El Típico de Las Tunas, mientras que Jarol Varona Agüero, al igual que la activista, se encuentra bajo fianza desde el 13 de septiembre último.

Las acusaciones contra estos activistas se derivan de la protesta que en la noche del 12 de octubre de 2022 llevaron a cabo los tuneros en las calles. Además de unirse a las manifestaciones en otras localidades del país tras el paso del huracán Ian por el Occidente de Cuba y un apagón general, los cubanos también exigían libertad.

La represión del régimen no se limita a los ciudadanos críticos y manifestantes; también afecta a los presos políticos, incluso desde las cárceles, y a sus familiares, quienes sufren constantes agresiones y se ven privados del acceso a la información.

Jorge Luis García Pérez "Antúnez", hermano materno del preso político Loreto Hernández García, denunció las vejaciones sufridas por su familia durante la última visita a la prisión Guamajal, en Santa Clara, el 15 de octubre. Según Antúnez, su sobrina Rosabel Sánchez Correa fue llevada a una habitación donde las guardias del penal la sometieron a una humillante requisa. "Rosabel fue obligada a desnudarse, a hacer cuclillas, e incluso intentaron requisar sus partes íntimas", relató Antúnez al ICLEP. Además, informó que Yolexis Sánchez López, hermano paterno de Loreto, también fue forzado a desnudarse y a hacer cuclillas frente a los guardias. "El objetivo de la requisa era interceptar unas supuestas cartas que yo le había enviado a mi hermano", explicó.

Es bueno señalar que cuando se interceptan o censuran cartas sin justificación adecuada, se restringe el flujo de información entre el recluso y el exterior, afectando tanto a su derecho a la comunicación como a la libertad de expresión de quienes intentan transmitirle información o apoyo.

Antúnez añadio que "Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron condenados a 7 y 8 años de prisión, respectivamente, por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara y que ambos fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional".