La Habana, Cuba - Familiares de los presos políticos Lorenzo Rosales Fajardo y Jorge Bello Domínguez, manifestantes de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (11J), denunciaron que sufren hostigamiento y acoso en sus respectivos centros penitenciarios.

De acuerdo con Radio Televisión Martí, los prisioneros son castigados con mayor rigor por su abierta oposición al régimen. Según denunció al Consejo de Relatores de Derechos Humanos Maridilegnis Carballo, esposa del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, a este le niegan algunos beneficios y lo siguen maltratando luego de ser trasladado desde el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, hasta la prisión La Caoba, donde se encuentra en un régimen de mínima seguridad.

Rosales Fajardo cumple una sentencia de siete años de cárcel por los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado, debido a su participación en las manifestaciones del 11J en el municipio santiaguero de Palma Soriano.

El líder religioso, quien pertenece al movimiento apostólico, tiene que realizar duras labores agrícolas en La Caoba en contra de su voluntad, de sol a sol, y por un mísero salario; además, se mantienen los sentimientos de odio y de venganza en su contra por parte de los directivos de esa cárcel.

Con respecto a Jorge Bello Domínguez, quien se encuentra en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, advirtió a su madre Martha Domínguez que sigue siendo acosado por las autoridades penitenciarias.

Según la mujer, Bello Domínguez sufre de diabetes y no le están dando la dieta que le corresponde como enfermo, incluso aunque hayan disminuido las raciones de comida al 50 %; además, comenta que le dan la comida en horarios irregulares.

La madre del ex comunicador también denunció el deterioro de su salud, pues cada día pierde más la visión sin llevarlo a un especialista en oftalmología.

El preso político cumple una condena de 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas el 11 de julio en Güira de Melena, en la provincia de Artemisa.