En los últimos días el régimen cubano ha desatado una nueva escalada represiva contra periodistas y colaboradores de medios independientes como CubaNet, Periodismo de Barrio y El Toque. Sirviéndose de amenazas, detenciones arbitrarias, interrogatorios y decomisos, la Seguridad del Estado los graba auto inculpándose ante las cámaras de delitos que no cometieron y/o los obliga a declarar públicamente que abandonan sus actividades reporteriles para estos medios.

La periodista María Lucía Expósito denunció que el pasado 23 de septiembre vio “un mensaje que llegó a mi celular unas horas antes. El número celular coincidió con una llamada del pasado 16 de septiembre, que no respondí porque no suelo responder teléfonos desconocidos. El mensaje: ‘necesito que respondas o no tendré más opción que hacerlo en tu dirección oficial con tus padres. Manuel. MININT’. Esa misma tarde, antes de que pudiera recargar el móvil, se presentó en la puerta de casa de mi madre, a 220 kilómetros de aquí, un homólogo de estos agentes. En la reja, el hombre le preguntó a mi madre el tiempo que había pasado sin saber de mí. Le dejó un recado inconcluso sobre una conversación leve que la Seguridad del Estado necesitaba tener conmigo en una citación verbal, sin precisar horario, para el miércoles 25 en la estación de policía de la Lisa”.

Posteriormente, le fue entregada una citación por escrito para acudir a una supuesta “entrevista” en dicha unidad de la policía para el 1 de octubre a las 9:30 a.m. ante el actuante primer teniente Daniel Licea. En su texto, María Lucía Expósito expuso que para la policía política “un periodista se convierte en enemigo de la preservación cuando su ejercicio no es remunerado por un medio oficial. Según ellos, un periodista puede obviar en este encausamiento los principales valores noticia, pero no puede, ¡bajo ningún concepto!, trabajar para un medio no reconocido ante los ojos del estado. Un periodista no estatal en Cuba es, por transitividad de la contrainteligencia, un mercenario”.

María Lucía hizo pública las condiciones en que se realizan estos “interrogatorios disfrazados de entrevistas”, y cómo el represor que se hace llamar Manuel con una “cámara Sony Alfa, el lente 50 mm y el trípode de aluminio” grabó a los entrevistados “bajo coacción y violencia psicológica”. Asimismo, dijo que su teléfono móvil también le fue “incautado bajo los supuestos legales que cancelan mi ejercicio laboral” al igual que 1000 USD.

Aunque no se han revelado los nombres de todos los periodistas que han sido víctimas de estas agresiones, Elaine Díaz, quien forma parte de la directiva de Periodismo de Barrio confirmó a través de su cuenta oficial en X que “han decomisado laptops y teléfonos y pedido dinero de salarios supuestamente cobrados por actividades supuestamente ilícitas. Funcionarios del MININT pidiendo 100, 200, 1000, lo que sea, pero tienes que entregar dinero”.

“Una vez más están obligando a personas inocentes a filmar videos auto inculpándose en delitos que no cometieron, mintiendo sobre los medios para los que trabajaron, haciendo renuncias públicas”, agregó Díaz.

Claudia Padrón Cueto, jefa de redacción de CubaNet, denunció que dos de sus colaboradoras fueron detenidas y que un tercero fue amenazado. En declaraciones a AFP dijo que las comunicadoras detenidas, quienes prefieren mantenerse en anonimato, fueron interrogadas por la policía política, amenazadas con ser encarceladas por ser periodistas independientes y recibir pago por el trabajo reporteril que realizan.

Además, señaló que ambas fueron grabadas durante los interrogatorios, “obligadas a decir cuánto cobraban, quién desde el exterior coordinaba y editaba” el sitio de CubaNet y fueron forzadas a renunciar públicamente.

El jueves en su perfil en Facebook, Yennys Hernández hizo pública su renuncia, y la de Annery Rivera Velasco, a colaborar con cualquier medio independiente: “Por medio de esta publicación, mi esposa, Annery Rivera Velasco, y yo, Yennys Hernández Molina, declaramos nuestra renuncia a colaborar y/o participar en cualquier medio de comunicación o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano. Sin nada más que agregar, firmamos la siguiente declaración pública en redes sociales, hoy 3 de octubre del 2024”.

Asimismo, Yadira Álvarez Betancourt declaró en sus redes sociales: “Por medio de esta publicación, declaro mi renuncia a colaborar y/o participar en cualquier medio de comunicación o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano. Por salud. Sin nada más que agregar, firmo la siguiente declaración pública en redes sociales, hoy 3 de octubre del 2024”. Estas renuncias, idénticas en su contenido, evidencian una estrategia sistemática de silenciamiento y desarticulación de voces críticas.

Renuncias como las anteriores no son un fenómeno nuevo en Cuba, ya que tienen antecedentes en el año 2022 y 2023, cuando varios periodistas y colaboradores de diferentes medios de comunicación independientes se vieron obligados a renunciar públicamente después de ser grabados en contra de su voluntad y expuestos al escarnio público. Ahora, nuevamente, el régimen utiliza tácticas intimidatorias para silenciar las voces independientes y mantener un control absoluto sobre la información.

Desde el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y prensa (ICLEP), expresamos nuestra total solidaridad con los periodistas afectados por esta nueva ola de represión en Cuba, quienes han sido forzados a renunciar a su labor bajo amenazas, interrogatorios y coacción por parte de las autoridades del régimen.

Asimismo, condenamos enérgicamente las prácticas intimidatorias y abusivas del gobierno de la isla, que no solo violan los derechos humanos, sino que buscan silenciar cualquier voz independiente y crítica. Exigimos al régimen que ponga fin de inmediato a esta represión sistemática contra los periodistas y medios de comunicación y permita el libre ejercicio del periodismo, un derecho fundamental en cualquier sociedad que aspire a la justicia y a la verdad.