En su Informe Anual sobre los Derechos Humanos en el mundo en el 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció la represión e impunidad en Cuba.

Cuba es un Estado autoritario con un sistema de partido único que viola los derechos humanos de forma sistemática, denunció este martes el Departamento de Estado. “La impunidad en Cuba es generalizada”, destacó.

El documento explica que el Ministerio del Interior (MININT) controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) es la principal organización encargada de hacer cumplir la ley.

Unidades especializadas de la rama de Seguridad del Estado son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente.

“El liderazgo nacional, incluidos los miembros del ejército, mantuvo un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos”, subrayó el informe.

La libertad de prensa funcionalmente no existe. “Las leyes penales contra la difamación se utilizaron contra personas que criticaban el liderazgo del gobierno. El gobierno se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios de Internet, y hubo graves limitaciones a la libertad académica y cultural”.

Otros atropellos perpetrados por el régimen:

• Hubo severas restricciones al derecho de reunión pacífica y la denegación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes.
• Hubo severas restricciones a la libertad religiosa
• Hubo restricciones a la libertad de circulación interna y externa.
• Los ciudadanos no pudieron cambiar de gobierno mediante elecciones libres y justas.
• La participación política se restringió a los miembros del partido gobernante.
• Hubo corrupción oficial; trata de personas, incluido el trabajo obligatorio; y proscripción de los sindicatos independientes.

Estos abusos ocurren en un ambiente de pocas consecuencias. “Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni procesaron a quienes cometieron los abusos”.

En la Sección 1 del informe, que aborda la privación arbitraria de vida, se destaca el caso de Hansel Hernández Galiano, un afrocubano desarmado que murió el 24 de junio de 2020 por disparos de la policía.

El incidente ocurrió en La Habana. Los medios estatales inicialmente se negaron a reconocer el caso, pero las noticias circularon rápidamente en las redes sociales.

El 25 de junio, “el blog supuestamente independiente pero de hecho controlado por el Estado, Guerrero Cubano, publicó una historia detallada sobre cómo fue asesinado Hansel”.

Otros medios oficiales hicieron lo mismo el 27 de junio cuando el MININT repitió en un comunicado de prensa la narrativa de Guerrero Cubano.

La versión oficial de la muerte de Hernández Galiano fue que en el transcurso de una patrulla regular, dos miembros de la PNR descubrieron y persiguieron a un presunto ladrón.

Los medios oficiales dijeron que el sospechoso huyó de la policía, pero luego los confrontó y arrojó piedras grandes. El gobierno declaró que cuando el sospechoso estaba arrojando piedras, un oficial disparó dos tiros de advertencia y luego un último tiro mortal.

El comunicado del MININT concluyó lamentando la muerte de Hansel, pero denigró su carácter, alegando que Hansel había sido declarado culpable de amenazar a personas, "abuso lascivo" y robo con violencia, por lo que cumplió una pena de prisión y estaba en libertad condicional.

Acerca de este caso, el informe del Departamento de Estado señala "que los observadores externos identificaron una serie de razones para dudar de la veracidad del relato del gobierno".

“Las fotografías del cuerpo que circularon en las redes sociales por miembros de la familia de Hernández Galiano mostraron una sola herida de bala, ingresando por la espalda de Hansel y emergiendo de su pecho, lo que indica que estaba huyendo de los oficiales, no enfrentándolos activamente”, indicó.

“Las fotografías también mostraban hematomas en la cara y suturas cerrando un corte en la cabeza (posiblemente post mortem). Los miembros de su familia dijeron que, según los informes, su cuerpo fue incinerado rápidamente, después de la presión del gobierno”, añadió el informe.

Además, los activistas criticaron el énfasis del comunicado de prensa en los supuestos antecedentes penales de Hansel, y un abogado dijo que eso demuestra el deseo del gobierno de tratarlo como un acusado y no como una víctima.

Las autoridades declararon que investigarían la muerte, “pero hasta diciembre no habían hecho públicos los resultados de una investigación”, lamentó el Departamento de Estado.

Entretanto, al menos ocho prisioneros murieron bajo custodia en una variedad de circunstancias sospechosas.

Roberto Jiménez del Sol, gerente de una zapatería propiedad del ejército, “murió bajo custodia militar después de pasar un mes en régimen de aislamiento como parte de una investigación sobre fondos faltantes”.

Aunque las autoridades le dijeron a su familia que murió por causas naturales, "su cuerpo mostraba signos de abuso".

La organización no gubernamental Archivo Cuba documentó al menos otros seis presos que murieron en circunstancias sospechosas. “Ninguna de estas muertes fue reportada por los medios oficiales”, aseveró el informe.

El informe criticó las detenciones arbitrarias, particularmente las que ocurrieron “en lugares no registrados”.

“Hubo múltiples denuncias de activistas detenidos cuyo paradero se desconoció durante días o semanas porque el gobierno no registró estas detenciones”, precisó el Departamento de Estado.

Hubo informes recurrentes de que miembros de las fuerzas de seguridad y sus agentes “acosaron, intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos…y que lo hicieron con impunidad”.

La periodista Camila Acosta fue una de las víctimas de esta represión y su caso fue mencionado en el informe.

"Después de que Camila Acosta comenzó a trabajar como periodista independiente en agosto de 2019, sufrió un acoso estatal casi constante y otros abusos por su trabajo", precisó.

"Desde febrero", añadió, "se vio obligada a mudarse al menos seis veces (incluidas varias durante el pico del brote de COVID-19) debido al acoso policial de sus propietarios por 'albergar a un disidente'. Fue arrestada arbitrariamente, detenida, maltratada, multada, amenazada e interrogada extensamente en muchas ocasiones".

“Está muy bien que el Departamento de Estado esté al tanto de lo que ocurre en Cuba”, dijo Acosta a Radio Martí. "Es importante que otros países también denuncien la situación en Cuba".

El informe denuncia que las técnicas de represión en Cuba fueron exportadas el año pasado. “Funcionarios de la Seguridad del Estado se desplegaron con frecuencia en países como Venezuela y Nicaragua, donde capacitaron y apoyaron a otras organizaciones en el uso de tácticas represivas y abusos de derechos humanos y, en ocasiones, participaron directamente en los abusos”.

Por ejemplo, “los miembros de las fuerzas de seguridad cubanas estaban integrados en los servicios de seguridad e inteligencia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y fueron fundamentales para transformar la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) de una pequeña organización enfocada en amenazas externas a una organización mucho más grande enfocada en vigilar a los venezolanos y reprimir la disidencia”.

Cortesía Radio y Televisión Martí