En las últimas semanas el régimen cubano ha desatado una ola de detenciones arbitrarias contra activistas en varias localidades del país por ejercer su derecho a la libre expresión. Muchas de estas detenciones han terminado en la reclusión de estos ciudadanos iniciando procesos penales bajo acusaciones totalmente infundadas y desmedidas.

Edilberto Arzuaga Alcalá, expreso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), permanece en prisión desde el pasado 6 de octubre en Camagüey. Según la información de Cubalex, “Arzuaga fue interceptado por un hombre vestido de civil mientras se encontraba cerca de una esquina donde aparecieron carteles antigubernamentales, los cuales filmó con su teléfono. La persona, que no se identificó, le exigió que mostrara sus documentos y lo acompañara. Ante la negativa del activista, llamó a un carro patrullero y los policías lo arrestaron sin explicar el motivo de la detención, limitándose a decir que cumplían órdenes”.

El activista fue trasladado al centro de operaciones de la Seguridad del Estado conocido como Villa María Luisa, donde el represor que lo detuvo se presentó vestido de teniente coronel, pero se negó a identificarse.

En estos momentos Arzuaga Alcalá está recluido en la prisión conocida como Cerámica, donde ha sido cambiado de destacamento en varias ocasiones, inicialmente lo ubicaron en el destacamento 6, luego lo trasladaron al 3 y, el pasado viernes al destacamento 1. “Estos traslados frecuentes son una forma de tortura psicológica utilizada para desorientar y hostigar a los reclusos, afectando su estabilidad emocional y dificultando su adaptación dentro del centro penitenciario”, resalta la organización legal.

Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilkis León Giraudis, detenidas durante la protesta del 15 de noviembre en el poblado Palmarito de Cauto en Santiago de Cuba, fueron trasladadas a prisión el 4 de diciembre último, reportó Martí Noticias. Las integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) llevaban 19 días en los calabozos de la Unidad Policial de Mella, bajo acusaciones de desórdenes públicos y daños y ahora deberán esperar el juicio en la cárcel de mujeres de esa provincia. Los otros dos detenidos durante esa protesta, el adolescente Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, quien padece una discapacidad física, fueron puestos en libertad bajo fianza, pero están siendo imputados por desórdenes públicos.

Luego de ser detenido el 27 de noviembre por colocar carteles antigubernamentales, el militante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) Amaury Díaz García, fue enviado a la Prisión Provincial “Nieves Morejón” en Sancti Spíritus el 5 de diciembre por negarse a cooperar con los organismos represivos.

Una publicación de Cuba Antitotalitaria señala que “mientras Díaz García estuvo detenido en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) de Sancti Spíritus, conocida popularmente como El VIVAC, los oficiales de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior (DCI-MININT) intentaron que ‘colaborase’ con ellos. Al negarse todo el tiempo a ser un delator de la Seguridad del Estado, los represores cumplieron su amenaza, de que si no ‘colaboraba’ con ellos, sería enviado a prisión y acusado por una causa judicial debido a su actividad anticomunista y condenado a varios años de privación de libertad”.

Otra detención arbitraria reportada este mes fue la del opositor Gustavo Colás Castillo, quien fue arrestado por la Seguridad del Estado el 4 de diciembre en la localidad de Amancio Rodríguez en Las Tunas. Colás fue trasladado esposado hasta su casa, donde la policía política realizó un allanamiento y le confiscaron su teléfono móvil y un libro, y recluido en Instrucción Provincial de Las Tunas. A la esposa, Laritza Orama Esquivel, le dijeron que debía buscar un abogado porque Colás estaba siendo acusado por los supuestos delitos de “desacato e instigación a delinquir”, informó ADN Cuba.

El hermano del opositor, Ramón Colás, señaló en una publicación en Facebook que Gustavo Colás Castillo fue detenido por sus publicaciones en redes sociales. El 9 de diciembre llevaba cinco días en huelga de hambre: “Me informa la esposa de mi hermano Gustavo que pudo hablar por teléfono con la oficial que está llevando el caso. Le asegura que se niega a comer al declararse en huelga de hambre. Hoy lleva cinco días sin alimentarse. La oficial le pidió a la esposa que les hiciera llegar los antihipertensivos porque en la prisión, El Típico, de Victoria de Las Tunas, no tienen medicamentos”.

El activista Yoan Ricardo Llerena fue detenido arbitrariamente el 2 de diciembre por fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), luego de ser víctima de un allanamiento en su vivienda ubicada en el Cerro de Caisimú, municipio Manatí, Las Tunas. Fue encarcelado en el Centro Provincial de Instrucción Penal.

Según detalló su esposa Disnelbys Vidal a Martí Noticias, “cuando fueron a la casa a detener a Yoan le dijeron que le iban a entregar la copia del registro y de las cosas que ocuparon en la casa, como la biblioteca independiente de él, su celular y una memoria USB móvil, pero no han entregado ninguna copia, ni a él ni a mí. No han entregado ninguna documentación”.

Vidal confirmó a ese medio que el Tribunal Provincial de Las Tunas ordenó prisión provisional contra el activista acusándolo por los supuestos delitos de atentado al Estado y desobediencia, este último por sus recurrentes publicaciones en redes sociales en contra de la dictadura, y fue trasladado a la prisión El Típico de Las Tunas.

“Le aprobaron la prisión preventiva. Le piden de dos a tres años. El día 10 tuvo la visita. Está algo delgado, pero tranquilo, esperando a que se contrate un abogado para que lo instruya porque lo tienen en los depósitos que llaman ‘el filtro’ que es donde las personas esperan que le lleguen los papeles para juicio”, explicó Vidal.

Con anterioridad Yoan Ricardo había cumplido otra sanción de libertad limitida. “Primero le aplicaron seis meses por publicar en las redes sociales y de ahí le pidieron tres meses más porque no cambió de conducta, ni su postura. La desobediencia es por eso porque él siguió publicando, a pesar de que le habían dicho que debía de retirarse de las redes sociales”, aclaró la esposa del activista.