La presa política Mayelín Rodríguez Prado está siendo amenazada con ser llevada a una celda de castigo en la Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey, conocida como Granja 5, por protestar contra la ratificación de su sentencia de 15 años de cárcel por documentar en redes sociales las protestas antigubernamentales ocurridas en Nuevitas en 2022.

Según la información publicada el 31 de diciembre por la organización legal Cubalex, Mayelín conoció recientemente la ratificación de la sentencia en su contra: “Un oficial de la Seguridad del Estado le informó primero la decisión de manera verbal y, posteriormente, le entregaron la documentación oficial con el resultado”.

La presa política denunció que su abogado “no ha mostrado interés en presentar recursos adicionales”, lo que de acuerdo con Cubalex “profundiza su estado de desprotección”. Ante tales circunstancias Mayelín ha protestado por la ratificación de su sentencia recibiendo amenazas con ser trasladada a una celda de castigo por sus protestas.

Mayelín Rodríguez Prado, de solo 24 años, fue condenada a 15 años de privación de libertad por transmitir en Facebook las protestas antigubernamentales que ocurrieron en el municipio Nuevitas, provincia Camagüey, en agosto de 2022.

La represión del régimen cubano también se manifiesta contra los familiares de presos políticos. Cubalex denunció que Yismely Morales, hermana del preso político del 11J Julián Manuel Mazola Beltrá, está siendo hostigada por exponer en redes sociales las violaciones de derechos humanos contra su hermano.

El 31 de diciembre policías irrumpieron violentamente en la vivienda de Yismely “atacando la puerta de entrada con machetes bajo el pretexto de buscar a un supuesto delincuente”, un hecho que pudiera tratarse de un recurso de la Seguridad del Estado para intimidarla.

El 1 de enero fue citada para la unidad de la PNR de San Antonio de los Baños, donde un oficial de la Seguridad del Estado la interrogó, pero sin mencionar en ningún momento los hechos ocurridos el día antes en su vivienda. A Yismely le impusieron un acta de advertencia por “actuar de manera contestataria” en redes sociales y apoyar a su hermano, quien cumple una condena de cinco años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.

Otro hecho despreciable ocurrido el último día del año fue la violenta agresión contra el activista Juan Luis Bravo Rodríguez, quien fue brutalmente golpeado por dos agentes uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y otro individuo vestido de civil en plena vía pública en la ciudad de Guantánamo.

“Poco después del ataque, una patrulla policial llegó al lugar con dos oficiales. Sin embargo, no le brindaron ayuda ni le preguntaron qué había sucedido, simplemente lo observaron y se marcharon riéndose”, denunció Cubalex.

Juan Luis Bravo Rodríguez se dirigió a una estación de policía cercana para interponer una denuncia, pero un oficial le ordenó retirarse, diciendo que “a ellos no les importaba”. El 1 de enero el activista también intentó presentar una denuncia por la agresión sufrida en la unidad provincial de la PNR, pero nuevamente le negaron este derecho alegando que no aceptarían su denuncia.

El hecho de impedirle hacer la denuncia ante las instancias pertinentes constituye no solo una violación a sus derechos, sino también una clara violación a su libertad de expresión. A Bravo Rodríguez le fue negado el recurso que como ciudadano tiene para denunciar las agresiones en su contra ante las autoridades policiales.