La Habana, Cuba - La organización no gubernamental Amnistía Internacional, pronosticó un “panorama aterrador” para la prensa independiente y otros miembros de la sociedad civil para el 2023, con la entrada en vigor el pasado 1 de diciembre del nuevo Código Penal en Cuba.

“El nuevo Código Penal en #Cuba presenta un panorama aterrador para 2023 y años posteriores. Mientras tanto, cientos siguen en prisión solo por disentir, la represión de @DiazCanelB es una constante y una ola histórica de migración forzada afecta a miles [de cubanos]”, denunció Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, en Twitter.

La organización internacional defensora de los derechos humanos señaló que, dicha herramienta jurídica aprobada en mayo por la Asamblea Nacional del Poder Popular, “corre el riesgo de consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión" en la isla comunista.

“Hace muchos decenios que las autoridades cubanas usan sistemáticamente la legislación penal —o la amenaza de usarla— para silenciar la disidencia. El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores”, señaló mediante un informe la ONG.

En el documento, la organización acusó al régimen cubano de criminalizar la obtención de fondos desde el exterior, destinados al desarrollo del ejercicio periodístico y otras actividades en favor de la libertad de expresión en Cuba.

“El nuevo Código Penal limita aún más la capacidad de organizaciones de la sociedad civil, activistas y periodistas independientes de actuar en el país al prohibir la recepción o uso de fondos cuando se considere que su propósito es ‘sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional’”, apuntó.

En el artículo 143, la ley establece que sancionará de 4 a 10 años de privación de libertad, a quienes reciban fondos para el desarrollo de cualquier actividad sin el consentimiento de la dictadura.

“Seguiremos observando atentamente a las autoridades en 2023 y pidiendo a la comunidad internacional que condene con la máxima contundencia el uso indebido de la legislación penal para silenciar la disidencia”, concluyó el comunicado.