Imagen tomada del Facebook de su esposa Mailin Sanchez
Por el periodsita ciudadano Leinier Álvarez García
Dec 13, 2025 | 10:30 AM
Hasta el pasado día 17 de noviembre, 11 presos políticos se encontraban en huelga de hambre en Cuba. Uno de ellos, Yosvani Rossell García Caso, lleva más de 25 días sin ingerir alimentos. El resto, confinados en diferentes prisiones de la isla. Hasta ahora, tanto el Gobierno cubano como sus medios de prensa guardan silencio sobre el tema.
Si se burla la censura, en la prensa independiente y en las redes sociales se puede hallar información acerca de esta situación, sobre la que la embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió recientemente una declaración. En la misma expresa su preocupación por el estado de salud de estas personas y exige su liberación inmediata. Pero ni siquiera esto ha hecho que Cuba se pronuncie.
El silencio también parece ser la respuesta del Gobierno de la isla acerca del dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha considerado que 49 de los presos políticos del 11 de julio de 2021 (11J) fueron detenidos de manera arbitraria. El organismo ha llamado a las autoridades cubanas a liberarlos de manera inmediata y exonerarlos de toda responsabilidad penal; además, ha exigido que sean indemnizados. La organización Prisoners Defenders, que presentó las denuncias ante esa institución, ha informado que Cuba es el país con más detenciones arbitrarias en todo el planeta desde 2019.
Pero la denuncia oportuna puede romper ese silencio. Después de innumerables quejas sobre la crisis sanitaria provocada en el país por la propagación del dengue y el chikungunya, las autoridades y los medios oficiales rompieron el silencio, y hasta el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reconocido la gravedad de la situación; aunque, como era de esperar, tardaron bastante en ofrecer cifras oficiales sobre el número de casos.
Otro de los problemas que ensombrece la vida de los cubanos es la aguda crisis económica. Apagones que duran horas y a veces días, inexistencia casi total del transporte público, escasez de agua potable y el encarecimiento general de la vida. Todo esto, provocado en buena medida por un reordenamiento que ha desembocado en un programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y que incluye en su trama un juicio a puertas cerradas contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, así como una serie de acusaciones contra El Toque, al que culpan de provocar la especulación en un mercado informal de divisas que funciona a lo largo de todo el país y contra el que las fuerzas del orden no actúan.
Por si fuera poco, el devastador paso del huracán Melissa ha provocado una crisis humanitaria en el oriente de la isla. El Gobierno ha prometido ayudar a los damnificados, pero no es un secreto que los afectados por fenómenos meteorológicos anteriores, como el ciclón Rafael, aún esperan que llegue la ayuda estatal.
No todos los cubanos están dispuestos a callarse; algunos han salido a protestar a las calles, pero las autoridades han respondido enjuiciando y condenando a penas de cárcel a varias de estas personas. Mientras tanto, la crisis continúa y el pueblo sigue sufriendo.
Publicado originalmente en la edición 249 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Majadero de Artemisa