Ewald Nieves Manduley. Foto tomada de su perfil en Facebook.
Por ICLEP
Feb 18, 2026 | 9:55 PM
Guáimaro, Cuba — 18/02/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente un nuevo hecho represivo ocurrido el 13 de febrero en el Sectorial de Cultura en Guáimaro, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, Ewald Nieves Manduley, comunicador institucional, fue objeto de una expulsión arbitraria de su centro de trabajo, como represalia por una publicación en redes sociales.
Hechos documentados
Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
El comunicador Ewald Nieves Manduley fue expulsado del Sectorial de Cultura en Guáimaro (Camagüey) tras publicar el 27 de enero un post en su perfil de Facebook donde criticaba la manipulación histórica que la Revolución ha hecho de la figura de José Martí.
La orden fue ejecutada personalmente por el director provincial de Cultura, Kenny Ortigas Guerrero, quien se trasladó a Guáimaro para aplicar la medida. Según la denuncia, Ortigas actuó con total autoritarismo.
Primero se reunió a puertas cerradas con miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Frank "El Niño", delegado del MININT y exjefe de la Seguridad del Estado en Guáimaro. Posteriormente, irrumpió en el Sectorial de Cultura y, en una reunión donde no se permitió la presencia del afectado ni de la asesora jurídica del centro, Urmara Pons, ordenó la separación definitiva de Ewald Nieves.
Durante la reunión, los miembros del Consejo de Dirección defendieron unánimemente al comunicador, destacando sus más de 20 años de excelente desempeño profesional sin sanciones previas. La directora en funciones, Yanieskys Trecus, intentó señalar que el trabajador tenía derecho a un proceso de reclamación, pero fue mandada a callar por Ortigas.
El director provincial insistió en que "no había nada que reclamar", señaló a la jefa de personal Irenia Torres y ordenó hacer efectiva la expulsión de manera inmediata: "A partir de mañana ya no cobra, no es trabajador de Cultura. Si quiere reclamar, que vaya a Camagüey y me vea a mí personalmente".
El caso ha sido documentado a partir de denuncias públicas en redes sociales, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:
y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
En primer lugar, la Constitución de la República de Cuba establece garantías vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, principios que resultan incompatibles con actos de censura, intimidación o represión estatal. En tal sentido, los hechos descritos en esta alerta violan el Artículo 54 de la carta magna según el cual “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, consagra el derecho de toda persona a “investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”.
De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, prohíbe que alguien sea molestado por sus opiniones y protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin consideración de fronteras.
El Estado cubano continúa utilizando mecanismos legales y extralegales para sostener un sistema de censura estructural, incluyendo normativas como el Decreto-Ley 370, que considera delitos y violaciones el “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, y el Decreto-Ley 35 que califica de alta peligrosidad todos aquellos “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”.
Llamado del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige el cese inmediato de estas prácticas represivas y la garantía plena del derecho de periodistas, medios comunitarios y ciudadanos cubanos a expresarse sin temor a represalias.
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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