Oscarleydis Blanco Lobaina. Foto / CubaNet
Por ICLEP
Dec 16, 2025 | 9:20 AM
Las autoridades del régimen cubano en Baracoa intensifican la represión contra los vecinos que se manifestaron en los últimos días por los apagones prolongados y la crisis de agua que afecta a esa ciudad oriental desde hace meses. Testimonios recogidos por el medio independiente CubaNet revelan un patrón de amenazas, detenciones y acoso policial contra quienes salieron a las calles para exigir servicios básicos.
Uno de los perseguidos es Oscarleydis Blanco Lobaina, de 36 años, a quien la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) busca detener por su participación en las protestas ocurridas la noche del 8 de diciembre en los barrios Bermejal y Cabacú. Su madre, Clara Lobaina, denunció que un jefe de sector del régimen acudió a su vivienda el 9 de diciembre “para llevárselo detenido para la estación de la Policía”, aunque su hijo no se encontraba allí. Los agentes le advirtieron que debía presentarse voluntariamente o sería acusado de “desobediencia”.
La mujer expresó su frustración ante lo que considera una injusticia: “Todo el mundo participó [en la protesta], pero desgraciadamente vienen a buscar a Oscarleydis. Cuando el policía me dice para lo que era, le contesté que se iban a tener que llevar a Bermejal entero”, afirmó a CubaNet.
Las manifestaciones comenzaron tras más de 24 horas sin electricidad, con cacerolazos y consignas contra el gobierno. Vecinos aseguran que la protesta reflejó un malestar acumulado por la crisis económica y la falta de respuesta estatal, no solo por el apagón.
Pero este no fue el único caso de represión. El baracoense Maikel Lores Matos denunció también a CubaNet que sus hermanos, Alberto y Geovanis Lores Matos, fueron detenidos y amenazados por agentes del Ministerio del Interior (MININT) luego de participar en las protestas que estallaron en distintos barrios de la ciudad.
Según su testimonio, la población de varios sectores “se tiró para la calle” cansada de más de tres meses sin agua potable y con apenas una hora de electricidad al día. Durante las manifestaciones, los vecinos corearon reclamos por el restablecimiento de los servicios básicos.
Maikel relató que uno de sus hermanos increpó al delegado del MININT por sus abusos contra ellos, pues busca constantemente detenerlos, lo que desató la ira del funcionario, quien los citó al día siguiente a una oficina del Ministerio. Allí, según contó, los recibió con insultos, provocaciones e incluso amenazas físicas, asegurando que podía encarcelarlos “porque le daba la gana”. Uno de los hermanos fue encerrado brevemente y salió con la cabeza lastimada.
El denunciante añadió que las autoridades intentaron también detenerlo a él cuando intervino para defender a sus familiares. Le dijeron que hablara “bajito”, que podían llevarlo preso también. Finalmente, los hermanos fueron liberados, aunque bajo la advertencia de que serían encarcelados si volvían a participar en manifestaciones.
Además, Lores Matos denunció que durante la represión fueron arrestadas al menos dos menores de edad que se habían sumado a la protesta. “Había más de 500 personas en la calle”, afirma, pero la policía solo detuvo a aquellos que expresaron su frustración abiertamente.
Represalias contra un sacerdote por apoyar protestas en La Habana
La represión del régimen cubano no se limita a los manifestantes en las calles. También alcanza a voces solidarias dentro de la Iglesia Católica. Según reportó Martí Noticias, el gobierno decidió no renovar la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, como castigo por haber hecho sonar las campanas del templo La Milagrosa, en el barrio habanero de Santos Suárez, durante una protesta ciudadana por los apagones en la noche del 8 de diciembre.
De acuerdo con fuentes eclesiásticas consultadas por ese medio, el gesto del sacerdote, interpretado por los vecinos como un acto de apoyo, ocurrió tras más de 12 horas sin electricidad.
La Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, comunicó a la Iglesia la decisión de no prorrogar la estancia del religioso, lo que equivale a su expulsión del país.
Aunque la funcionaria evitó calificar la medida como una expulsión para evitar “un escándalo”, según reveló la fuente, dejó claro que el sacerdote debía abandonar Cuba. La misma fuente añadió que la Seguridad del Estado presionó directamente al párroco quien se vio obligado a regresar a México el jueves 11 de diciembre.