Redacción ICLEP- Varios ciudadanos y activistas han reportado detenciones, citaciones y amenazas en días recientes debido a sus publicaciones en redes sociales sobre las protestas que han ocurrido en el mes de marzo en diferentes puntos del país.

Aunque el régimen cubano intenta mostrar al mundo que no ha existido represión, las detenciones practicadas durante las manifestaciones, así como el hostigamiento posterior a personas que han publicado información o mostrado apoyo a las protestas, lo desmienten.

El pasado 13 de marzo, en el reparto Micro 3 de Santiago de Cuba, fue detenido el joven Liuber Caballero González, por subir a sus redes sociales publicaciones críticas con la dictadura cubana. Le fue comunicado el arresto a través de una llamada telefónica, conducido al sector policial de su zona y posteriormente trasladado a la unidad de operaciones ubicada en el reparto Versalles. Hasta la fecha se desconoce si ha sido liberado o si continúa detenido.

En horas de la noche del propio 13 de marzo se produjo en ese reparto, Micro 3, un cacerolazo en protesta por los extensos apagones. Al día siguiente, la joven cristiana y madre de un niño menor de edad, Ruth Ortiz Aguilar fue arrestada en su vivienda de Santiago de Cuba por la Seguridad del Estado, a pesar de no residir en el barrio donde se produjo la protesta ni participar en ella.

La llevaron esposada hacia la unidad de operaciones de Versalles, donde pasó la noche en un calabozo, picada por insectos, separada de su hijo que no paró de llorar y sometida a interrogatorios y amenazas.

Según confirmó al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) una fuente cercana, el motivo de su arresto fue comentar “Dicen que van a la plazoleta [las personas que protestaban]” en una publicación en el grupo de Facebook La gente del Salao. Al día siguiente fue liberada debido al reclamo de sus familiares, pero forzada a pagar una multa de 3 mil pesos y obligada a presentarse dos veces por semana durante un año a firmar en una estación policial designada.

En La Habana, el 17 de marzo, los activistas Juan Carlos Vasallo Freijo y Lázaro Mendoza fueron interrogados por los oficiales de la Seguridad del Estado con alias “Ariel” y “Luisito” en la 7ma estación de la Policía Nacional Revolucionaria, sita en San Agustín, municipio La Lisa. Tras acudir a la citación policial que les fue entregada el día anterior, ambos fueron amenazados con ir a prisión por su vinculación al movimiento Cuba Primero y las publicaciones que realizan en redes sociales. En el caso de Vasallo también lo acusaron de ser responsable de regar proclamas “contrarrevolucionarias”.

También en La Habana, en horas de la noche del 17 de marzo, la activista Yamilka Lafita Cancio (Lara Crofs en Facebook), recibió una llamada del oficial de la Seguridad del Estado con alias “Javier”, quien la amenazó por sus publicaciones de apoyo a las protestas que ocurrían en ese momento en Bayamo (Granma), El Cobre (Santiago de Cuba) y Santa Marta (Matanzas). Según confirmó Lafita al ICLEP, el represor le mencionó que estaba violando la Ley de Comunicación y que sería acusada de instigación a delinquir.

El pasado 19 de marzo, Yoel Enrique Varela fue citado por la Seguridad del Estado por subir a las redes dos grabaciones cortas que mostraban la militarización de la ciudad de Matanzas. En un video publicado por el movimiento Cuba Primero se ve a un oficial de la policía política, vestido de civil y acompañado de un policía, notificándole la citación.

“No es para nada malo, es para hablar con él por una publicación que hizo, más nada que eso (…) Si no se presenta, vengo con una patrullero, lo busco y me lo llevo. Usted decide. No se va a quedar detenido, no le va a pasar nada” se escucha decir al represor.

Aunque el régimen cubano practica una vigilancia permanente sobre las expresiones de los ciudadanos en redes sociales, en contextos de protestas este monitoreo y las violaciones que de ello se derivan, aumentan considerablemente. El control de la libertad de expresión en espacios públicos, ya sean físicos o virtuales, forma parte de la estrategia represiva que desarrolla el régimen para inhibir la articulación social en torno a demandas sociales y de respeto a derechos humanos.