La Habana, Cuba - “El Estado fue el principal agresor contra la libertad de prensa” durante 2022, y en su arsenal represivo las 208 detenciones arbitrarias sin orden judicial fueron “el principal método de control”, según el informe “Balance Parcial 2022, Hechos violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba”, publicado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

La organización, puntualizó que las restricciones en el espacio digital, 149 en total, ocuparon el segundo procedimiento más empleado para frenar la actividad periodística, aunque también se registraron, en el año que recién acabó, 101 amenazas de cárcel o de consecuencias personales y familiares.

Igualmente, el ICLEP recogió 39 casos de abuso del poder del Estado, 8 agresiones físicas contra reporteros, y se mantuvieron las tristemente célebres limitaciones a la libertad de movimiento o “regulaciones”.

“En este último caso, muchos de los comunicadores largamente ´regulados´ salieron del país de manera definitiva durante 2022 –subrayó el reporte. El Estado marxista cubano usó las restricciones a la libertad de movimiento, sumado a un constante asedio, como herramienta de presión para el exilio forzoso”.

“Un caso reciente fue el del periodista Yoe Suárez, quien después de dos años y medio regulado salió al exilio, por mediación de la Iglesia Católica, con prohibición de retorno a Cuba”, indicó.

También el informe ilustra el ejemplo del periodista independiente “Estaban Rodríguez, a quien condicionaron su libertad de la cárcel con la salida definitiva del país” y el de “Carlos Manuel Álvarez, pero a la inversa, a quien después de meses fuera de la isla no se le permitió volar de regreso”.

Tres comunicadores presos

El periodista Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado desde el 2021, recibió sentencia firme en el 2022 de cinco años de prisión por los supuestos delitos de "propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia", por haber publicado un vídeo donde se aprecia el lanzamiento de octavillas desde un edificio multifamiliar en La Habana.

Asimismo, continuó tras las rejas el influencer Yoandi Montiel, más conocido por sus seguidores como “El Gato de Cuba”, cumpliendo una sanción de dos años de privación de libertad por el supuesto delito de “desacato”, por “hablar mal del régimen cubano y de su gobernante Miguel Díaz-Canel”.

José Antonio López Piña es otro comunicador reportado por el ICLEP, como periodista preso, porque se encuentra bajo medida cautelar de prisión domiciliaria, “por reportar en las redes sociales las manifestaciones pacíficas que comenzaron el 11 de julio y que se extendieron por varias ciudades de Cuba”.

La criminalización está institucionalizada

El documento expresó que en Cuba prácticamente ya no queda a quién reprimir, “el periodismo independiente está debilitado. La efectividad del terror impuesto por el régimen cubano durante y posterior a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), provocó en el 2022 el aumento de la autocensura, la renuncia de periodistas a ejercer la profesión y un éxodo de comunicadores nunca registrado”.

“Las leyes cubanas continuaron cerrando el cerco contra los profesionales de la prensa”, sentenció, a la vez que recordaba que en diciembre entró en vigor el nuevo Código Penal.

Esa ley sanciona con penas de hasta diez años de cárcel a quienes practiquen con financiamiento extranjero la libertad de expresión y prensa dentro de la isla.

“Quien (...) apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”, asegura el artículo 143 del Código Penal, incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado".

Asimismo, la dictadura cubana “en su afán de exterminar cualquier criterio opuesto a sus intereses está por aprobar un proyecto de Ley de Comunicación Social que mantiene en la ilegalidad a los medios independientes”, dijo el ICLEP sobre el nuevo documento que sustenta la idea del objeto social de la prensa, únicamente, como vocera de la ideología socialista.

“La criminalización a la libertad de expresión y prensa es un hecho. Está institucionalizada”, advirtió el Informe.

Exilio y renuncias públicas

El ICLEP explicó que, aunque en 2022 los casos reportados contra comunicadores disminuyeron un 55%, en comparación con el año anterior “no es porque la dictadura fue benévola, sino todo lo contrario”.

“2021 estuvo marcado por la represión contra manifestantes y reporteros que cubrieron o participaron del 11J y del acoso contra los comunicadores para que no cubrieran la manifestación convocada para el 15 de noviembre, dos sucesos que dispararon las violaciones contra la prensa; mientras el 2022 se caracterizó por un éxodo significativo de reporteros”, analizó.

Y lamentó que ese escenario haya generado una disminución de comunicadores ejerciendo en la isla: “algunos renunciando públicamente a su labor por presión directa de la policía política, otros optando por el exilio”.

“Cada día que pasa se hace más difícil ejercer la libertad de expresión y prensa y no solo por la amenaza latente de ser acosado, perseguido, hostigado, multado o encarcelado, sino también por las carencias en todos los órdenes que existe en Cuba”, explicó la entidad fundada en 2012.

Para ICLEP, hacer periodismo en la isla “es un camino al calvario, un Vía Crucis”, pues la dictadura solo da muy pocas opciones a los comunicadores; “colaborar con la policía política o renunciar”, y quienes no se doblegan “terminan afectados psicológicamente por tanta represión, tras las rejas o exiliados. Esa es la triste realidad de la prensa independiente cubana”, concluyó.