Artemisa, Cuba- La activista Diasniurka Salcedo fue víctima de un intento de detención el pasado domingo en su vivienda, que resultó en que fuera agredida físicamente por un oficial del Ministerio del Interior, quien además le rompió su teléfono móvil.

Varios oficiales de la Seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de Salcedo, en la provincia Artemisa, con el objetivo de que “los acompañara”, eufemismo usado por las fuerzas represivas cubanas para practicar detenciones arbitrarias.

Diasniurka comenzó a grabar con su teléfono la acción de los oficiales. Uno de los ellos se le abalanzó con la intención de arrebatarle el teléfono y la empujó contra un poste, provocando que se rompiera la pantalla del dispositivo. Ante el hecho violento se produjo la intervención de los vecinos que impidieron que la activista fuera detenida, según publicó en Facebook Aylín Díaz.

Grabar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus actividades es un derecho ciudadano, que incluso ha sido reconocido públicamente, a regañadientes, por las propias autoridades cubanas, las cuales en su peculiar interpretación consideran violación cuando dicho registro es subido a las redes sociales sin el consentimiento del funcionario grabado.

En el caso de Salcedo, esta se encontraba con el internet cortado desde horas de la mañana debido a la oleada represiva por el Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo que resulta improbable que pudiera estar cometiendo una violación al grabar al funcionario, incluso dentro de los marcos restrictivos y violatorios de la legislación cubana.

La agresión a la activista, que derivó en un daño material considerable debido a lo costoso de los dispositivos móviles en Cuba, es una muestra de los procederes violatorios de las autoridades del país y la impunidad con la que actúan.

El pasado 7 de octubre, un oficial de la Seguridad del Estado rompió contra un buró el teléfono del periodista Osniel Carmona, quien se encontraba detenido por grabar con ese dispositivo un grupo de ciudadanos que mostraban inconformidad por la subida de precios de los taxis particulares en La Habana. La destrucción de medios de trabajo, principalmente teléfonos, es una práctica recurrente de las autoridades cubanas contra activistas, opositores y periodistas independientes.

Al momento de publicar esta nota, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) no ha podido establecer comunicación con Diasniurka Salcedo.