Regulaciones y destierros: la solidaridad no puede ser selectiva

Por Luis Cino

LA HABANA, Cuba. ─ Llama la atención la amplia repercusión que ha provocado el caso de Karla Pérez González, joven periodista cubana a la que el régimen castrista, en franco desafío de las leyes, ha condenado al destierro.

En 2017, Karla Pérez fue expulsada Universidad Central de Las Villas por el simple hecho de haberse unido al grupo disidente Somos +. Entonces, fue a continuar sus estudios de periodismo en Costa Rica. Todavía no había cumplido la mayoría de edad.

Cuando terminada la carrera la joven quiso regresar a su patria para estar con su familia, las autoridades castristas se lo impidieron alegando que la muchacha vendría a sumarse a la oposición. El régimen denunció supuesto vínculos de Karla “con grupos violentos de Miami de quienes recibía instrucciones” que podrían poner en riesgo “la seguridad nacional”.

Por muy ridículos e indignantes que sean los argumentos utilizados por el régimen contra la periodista, no deberían extrañarnos. El caso de Karla Pérez no es nada nuevo, ni excepcional: los mandamases castristas, que se creen los dueños del país ─como si este fuese una finca de su propiedad─ siempre se han arrogado el derecho de decidir a cuáles cubanos permiten entrar y salir de Cuba y a cuáles no.

En 1979, luego de 20 años, Fidel Castro permitió a los emigrados que no estuviesen implicados en “actividades contra el Estado” visitar a sus familias en Cuba. Podían hacerlo solamente mediante la adquisición y pago obligatorios de ridículos paquetes turísticos de una semana o dos que incluían forzosamente alojamiento en hoteles. Antes de eso, a los pasaportes de los que se iban del país les ponían el cuño de “salida definitiva”.

A los 125 000 cubanos que escaparon del infierno durante el éxodo del Mariel la dictadura les prohibió la entrada al país durante muchos años, al igual que hizo siempre con los que escaparon en balsas.

Siete años de la modificación de las leyes migratorias, todavía hay millares de compatriotas nuestros dispersos por el mundo a quienes les impiden visitar a sus familias en Cuba. Los esbirros disfrazados de diplomáticos de los consulados cubanos les niegan la habilitación del pasaporte para viajar a Cuba, alegando que han estado involucrados en “actividades contrarrevolucionarias” y que constituyen “un peligro para la seguridad nacional”.

Varios han sido los casos en que personas con el pasaporte habilitado y toda la documentación en regla han sido detenidas en el aeropuerto al llegar a Cuba y, sin muchas explicaciones, forzadas a virar al país de donde vinieron. Tal han sido el caso, entre otros, de Regis Iglesias, activista del Movimiento Cristiano Liberación y ex preso político de la Causa de los 75.

El miedo a que les puedan impedir la entrada a Cuba explica por qué muchos cubanos radicados en el exterior se niegan a hablar de política, aseguran que se fueron solo por problemas económicos y se aterran si en su presencia alguien se pronuncia en contra del castrismo.

No está de más recordar que a los médicos cubanos que abandonan misiones en el exterior y piden asilo en otro país les imponen la prohibición de entrar a Cuba durante ocho años como castigo por su “deserción”.

Karla Pérez no es la única cubana que ha sido forzada al destierro por el régimen. Hace varios años, al escritor Amir Valle lo entramparon con la documentación en la embajada cubana en Berlín para que se le venciese el permiso de estancia en el exterior, no pudiese regresar a Cuba y tuviera que quedarse en Alemania.

Tampoco Karla es la única estudiante cubana que ha sido expulsada de la universidad por sus ideas políticas. Desde los años sesenta, miles han sido expulsados por “problemas ideológicos” o por mantener “conductas impropias”. Recordemos que la consigna “la Universidad es para los revolucionarios” aún sigue vigente.

No perdamos de vista que el actual régimen, que proclama ser la continuidad del fidelismo, sigue siendo la misma dictadura y empleando, con muy ligeras variaciones, la misma metodología represiva.

Si los abusos castristas tienen hoy mayor repercusión que hace unos años es gracias a las redes sociales, que han acabado con el monopolio oficialista de la información.

El caso de Karla Pérez fue amplificado por un grupo de periodistas contemporáneos suyos enfrentados al control estatal y que se sienten particularmente identificados con ella.

En noviembre del pasado año, la huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara y varios integrantes del Movimiento San Isidro concitó un apoyo y una atención que ni remotamente han tenido varios presos políticos que han estado recientemente también en huelga de hambre.

La solidaridad y las protestas no deben ser selectivas, trivializarse, limitarse a buscar likes ni convertirse en episodios faranduleros. Deberíamos protestar y dar el escándalo por todos los represaliados, no solo por las personas más reconocidas o que sean “cool”.

Por estos días de marzo, se cumplen 11 años de la muerte de Adrián Leiva, supuestamente ahogado en costas cubanas, pero en muy sospechosas circunstancias. Leiva perdió la vida cuando, a pesar de la prohibición del régimen, intentaba regresar por mar a Cuba.

El periodista ─que también fue activista del Proyecto Varela─ se fue a Miami en 2005, pero advirtió que retornaría a Cuba como fuera. Y volvió en 2008, pero luego de una estancia de tres meses en La Habana, agentes de la Seguridad del Estado lo condujeron a la fuerza al aeropuerto y lo expulsaron del país.

Entonces empezó su lucha por el derecho de todos los cubanos a poder entrar y salir libremente de su país. Para que no hubiera casos como el de Karla, Adrián Leiva dio su vida. De no haber muerto en el empeño en marzo de 2010, seguramente estaría hoy abogando por Karla Pérez y todos los miles de cubanos, sin distinción, a los que la dictadura les impide entrar en su patria.

Cortesía Cubanet