José Gabriel Barrenechea. Foto tomada de su perfil en Facebook.
Por ICLEP
Jan 16, 2026 | 9:00 AM
El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara condenó al periodista y escritor José Gabriel Barrenechea Chávez a seis años de prisión por el presunto delito de desórdenes públicos, junto a otros cinco ciudadanos que participaron en una manifestación pacífica en el municipio de Encrucijada, el 7 de noviembre de 2024, contra los prolongados apagones.
La sentencia, dictada el 15 de enero de 2026, y a la que tuvo acceso el medio CubaNet, califica como “delito” el hecho de que decenas de vecinos se reunieran frente a las sedes del Partido Comunista y el Gobierno municipal para reclamar el restablecimiento del servicio eléctrico. El tribunal reconoció que los manifestantes, entre ellos Barrenechea, “vociferaban que querían corriente” y golpeaban calderos y objetos metálicos, un gesto de protesta que el fallo judicial presenta como un intento de “desestabilizar el orden cívico”.
Criminalización de la protesta pacífica
A Barrenechea, de 53 años, la sentencia lo describe como un ciudadano “sin vínculo laboral y relacionado con personas de mala moralidad”, formulación habitual en los juicios políticos para desacreditar la disidencia cívica.
Captura documento de la sentencia
Los otros condenados son Yandri Torres Quintana (8 años de prisión), Rafael Javier Camacho Herrera (7 años), Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa (5 años), Yuniesky Lorences Domínguez (3 años de trabajo correccional sin internamiento) y Marcos Daniel Díaz Rodríguez (5 años de limitación de libertad).
Captura documento de la sentencia
El tribunal también impuso a todos la privación de derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho al voto y a ocupar cargos públicos, así como la prohibición de salir del país durante la ejecución de las sanciones.
Un fallo sin pruebas reales de violencia
El fallo se basa exclusivamente en testimonios de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Contrainteligencia, quienes afirmaron haber identificado a los manifestantes con la luz de teléfonos móviles. Las declaraciones de vecinos que describieron la manifestación como pacífica fueron descartadas por el tribunal por “amistad” o “parentesco” con los acusados.
El texto judicial no documenta daños a la propiedad ni agresiones, pero presenta la concentración como una amenaza al “orden social y los derechos del pueblo reconocidos en la Constitución”. Según organizaciones de derechos humanos, este tipo de formulaciones son habituales en Cuba para justificar la represión de la libertad de expresión y manifestación pacífica.
Captura documento de la sentencia
Represión creciente tras los apagones y la crisis
La protesta de Encrucijada ocurrió en medio de una ola de manifestaciones espontáneas en varias provincias debido a los apagones prolongados y al deterioro de las condiciones de vida. En su fallo, el tribunal responsabiliza a Estados Unidos y al huracán “Rafael” por la crisis energética, en lugar de reconocer la gestión ineficiente del régimen.
La criminalización de esta protesta y la condena a los manifestantes muestra cómo el aparato judicial se usa como herramienta política para sofocar cualquier forma de disenso.
Este caso se suma a la larga lista de periodistas, artistas, activistas y ciudadanos encarcelados por ejercer derechos reconocidos universalmente. La sentencia confirma que en Cuba, protestar sigue siendo un delito, y que la crítica cívica se castiga con años de prisión.