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Por el periodista ciudadano Frank Correa
Nov 19, 2025 | 10:20 AM
En julio de este año se hizo público el informe de la ONU sobre “Trata de personas en Cuba”. En conformidad con la ley de protección a las víctimas de ese flagelo, el informe evaluó el grado en que el Gobierno cubano cumple o no con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
El informe dictaminó que Cuba no había cumplido y dejó al Gobierno cuatro recomendaciones prioritarias a solucionar: cesar las amenazas y prácticas engañosas en el reclutamiento de trabajadores cubanos enviados al extranjero; asegurar que los contratos y acuerdos firmados con los gobiernos extranjeros para trabajadores cubanos cumplieran con las leyes internacionales y los estándares laborales; dejar de retener los salarios de los trabajadores y permitir el pago directo de los salarios en línea con los que otros trabajadores extranjeros recibieron por trabajos similares; y dejar de imponer restricciones irrazonables a la movilidad y asociación de los trabajadores, incluida la vigilancia, los toques de queda arbitrarios y las limitaciones de viajes internacionales cuando no estuvieron alineadas con su salud y seguridad, y permitir que los trabajadores se relacionaran libremente con locales.
Las condiciones abusivas e inhumanas impuestas por el Gobierno cubano para los trabajadores que cumplen misión en los programas de colaboración con más de 60 países han sido criticadas y condenadas en múltiples foros internacionales.
En 2022, Cuba ingresó 4 900 millones de dólares solamente por la venta de servicios médicos, uno de los tipos de explotación laboral más conocidos de mano de obra barata, beneficio del régimen.
El secretario de Estado estadounidense Marcos Rubio, al anunciar la ampliación de la política de la administración de Trump con Cuba, dijo que las prácticas laborales abusivas y coercitivas del régimen estaban bien documentadas y que Estados Unidos estaba decidido a contrarrestar la práctica de trabajo forzado en el mundo.
Los profesionales de la salud cubanos siguen estando sujetos a las leyes y prácticas coercitivas del régimen de la Isla, que clasifica a aquellos que abandonan las misiones como desertores, prohibiéndoles regresar y visitar el país durante ocho años.
Las brigadas de emergencia que Cuba envió a muchos países en medio de la crisis de la Covid-19 han sido enmarcadas como “oportunismo pandémico”, una de las maniobras lucrativas que Cuba suele hacer cuando se trata de desastres naturales o pandemias.
Estas brigadas de emergencia son trabajadores de la salud llamados “todo terreno”, cuyo despliegue puede ordenarse en pocas horas y están obligados a prestar servicios en lugares peligrosos y remotos, sin garantías de seguridad o bienestar.
El aparato del Gobierno cubano sabe bien cómo responder a las emergencias como desastres naturales y pandemias, en momentos en que los países receptores están necesitados.
Las brigadas de colaboradores internacionalistas cubanos logran, muy efectivamente, establecer una punta de lanza ideológica en esos países, a la vez que constituyen un negocio muy rentable.
Publicado originalmente en la edición 264 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Amanecer Habanero.