La Habana, Cuba - Las organizaciones independientes Cubalex, Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), se pronunciaron sobre la situación de los presos políticos cubanos, en especial sobre la posible salida forzosa del país como condición para la liberación o excarcelación de estos prisioneros.

Los organismos firmantes sostienen que la privación de libertad como forma de castigo por ejercer la libertad expresión, reunión y asociación, así como la expatriación forzada son prácticas denunciables.

“Por cuanto el estado cubano las utiliza reiteradamente para obtener ventajas en procesos de negociación política, diplomática y económica, y como método para ejercer control social y desmovilizar a la sociedad civil”, expresa el escrito.

Asimismo, consideran que, ante una eventual negociación entre gobiernos para la excarcelación de los presos políticos cubanos, se trate de proceso de valor humanitario, pues “ningún ciudadano debe ser privado de su libertad por ejercer su derecho a expresarse y manifestarse. Su excarcelación, por tanto, debería ser inmediata”.

Precisamente, la declaración hace referencia a la reciente excarcelación de 222 presos políticos de Nicaragua y su inmediata deportación hacia los Estados Unidos, lo cual levantó una alerta en la sociedad civil cubana sobre una “solución” similar en el actual contexto de la Isla.

Además, mencionan las últimas conversaciones entre el Estado cubano, la Iglesia Católica, la Unión Europea (UE) y el gobierno de Estados Unidos, los cuales han expresado posturas en favor de la liberación incondicional de los presos políticos.

“Como antecedentes figuran dos eventos del pasado reciente cubano: la excarcelación y salida al exilio en el 2010 de la mayoría de los presos políticos de la Primavera Negra (2003), (…) también, en 2015, la excarcelación de 53 presos políticos y el posterior exilio de algunos de ellos como única vía para dejar atrás las presiones de la Seguridad del Estado (…)”, recuerda la nota.

Las organizaciones de derechos humanos que suscriben el texto consideran que se debe priorizar la participación de las personas privadas de la libertad y sus familiares en el proceso de negociación de la salida., pues las víctimas deben estar en el centro de la negociación.

“Serían además necesarias ciertas garantías mínimas para quienes decidan libre y voluntariamente salir del país, como facilidades en el proceso de reubicación para acceder a la legalización de su status migratorio y acceso a servicios de rehabilitación”, puntualizan.

Cubalex, Justicia 11J y el OCDH, proponen también que las excarcelaciones y posteriores deportaciones que no tengan en cuenta las garantías mencionadas para las víctimas sean objeto de cuestionamiento de organismos defensores de derechos humanos y gobiernos democráticos, sean parte o no del proceso de negociación.

“La espiral de violencia, resistencia y castigo no cesará hasta que rija en Cuba un Estado Democrático de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos. La búsqueda de esa Justicia, en el presente y el futuro, nos convoca y reúne”, expresa finalmente la declaración.