La Habana, Cuba – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), condena enérgicamente el nuevo Código Penal aprobado este domingo, de forma unánime en sesión extraordinaria, por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que, entre otras restricciones, prohíbe el financiamiento externo a periodistas y medios de comunicación de Cuba.

El nuevo código, que entrará en vigor dentro de 90 días cuando será publicado en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos entre los que se encuentra dentro de su Capítulo V (Otros Actos Contra la Seguridad del Estado), el Artículo 143 que estipula hasta 10 años de privación de libertad a “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

“El nuevo Código Penal es una vuelta de tuerca en la criminalización de la libertad de expresión y prensa de la pujante sociedad civil cubana y del periodismo independiente. Es totalmente liberticida", aseguró el director general del ICLEP Normando Hernández.

Para Hernández, “el nuevo Código Penal es más de los mismo que ha existido en Cuba en las últimas seis décadas, con la diferencia de que ahora la dictadura cubana cuenta con otra justificación jurídica para encarcelar a quien desee”.

Sin embargo, los impulsores lo califican con “garantías” y actualizado, porque el anterior (1987) no contemplaba delitos como el de ciberseguridad.

“Es un descaro lo que plantean los representantes del régimen al decir que este nuevo Código Penal tiene garantías porque contempla delitos de ciberseguridad. No olvidemos que hasta La relatoría de libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU), junto con las relatorías de reunión y asociación y la de los defensores de los derechos humanos, hicieron pública una carta dirigida a la dictadura de Cuba, en octubre del pasado año, expresando su preocupación por el Decreto Ley 35, y las normas que lo acompañan que regula exhaustivamente las telecomunicaciones y el uso de las tecnologías de información y comunicación”, recordó Hernández.

Asimismo, El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles), condenó el Decreto Ley 35 y las Resoluciones 105, 107 y 108, sobre ciberseguridad y uso de redes, y el Decreto 42, sobre tecnologías de la información y las comunicaciones.

Del mismo modo, organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales llevan condenando durante años el Código Penal y el draconiano marco jurídico cubano que solo favorece la permanencia del régimen totalitario en el poder en detrimento del pueblo.

Hernández, también, recordó la Ley 88 que fue utilizada en el 2003 para sancionar a largas penas de cárcel a 75 opositores pacifico, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes por el solo hecho de ejercer derechos inalienables permitidos en todo el mundo.

Por otro lado, el nuevo Código Penal incluye 37 nuevos delitos como el de "desórdenes públicos" para penalizar "las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente", una clara amenaza para quienes deseen ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente.

También, establece la aplicación de la pena de muerte con carácter excepcional en el caso de 23 tipos penales y la sanción máxima de privación perpetua de libertad.

Durante la aprobación del nuevo Código Penal estuvieron presentes Miguel-Díaz Canel y el exgobernante del país Raúl Castro (2008-2018).

“No nos asombremos si la dictadura cubana incrementa su cacería de brujas contra la sociedad civil y los periodistas independientes, para silenciar todas las voces críticas dentro de la isla. Eso es lo que quieren”, concluyó el director general del ICLEP.