Las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba mostraron un alarmante incremento durante julio, mes en que se conmemoraron tres años de las masivas protestas que sacudieron a gran parte de la isla el 11 de julio de 2021. Los 101 incidentes violarios registrados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) en esas fechas representan un aumento del 165,7 % en comparación con el mes anterior.

Desde los días previos al 11 de julio, el régimen cubano emprendió una fuerte escalada represiva contra periodistas y activistas, utilizando sus habituales métodos coercitivos, para silenciar las voces de los ciudadanos e impedir que el recordatorio de esta fecha sirviera para demostrar que el pueblo sigue teniendo las mismas razones para lanzarse a las calles en legítima protesta como lo hiciera en 2021. Nuevamente, para el 26 de julio, en medio de las “celebraciones” de la dictadura por el “Día de la Rebeldía Nacional”, la represión de la Seguridad del Estado se hizo sentir.

De las violaciones registradas el mayor número, 46, fueron restricciones en el espacio digital, lo que demuestra el temor de la dictadura a las redes sociales como vía de comunicación. También se contabilizaron 27 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y 1 reclusión. Los hechos tuvieron lugar en nueve provincias de país, la mayoría en La Habana (54), Sancti Spíritus (14), Artemisa (9), Villa Clara (8) y Pinar del Río (6).

Un total de 48 personas fueron víctimas de violaciones, 18 mujeres, 1 no binario y 29 hombres, varios de ellos con más de un incidente en diferentes momentos del mes, siendo los periodistas (33) y los activistas (9) los más afectados al ser sometidos a vigilancia y acoso en sus viviendas, cortes de internet, citaciones e interrogatorios. La mayor cantidad de agresiones fueron por parte de la Seguridad del Estado, el monopilo de las comunicaciones ETECSA, responsable de los cortes de internet, y la Policía Nacional Revolucionaria.

Los directores y periodistas de los medios comunitarios del ICLEP estuvieron en el punto de mira de la Seguridad del Estado. Además de los cortes de internet y vigilancia, Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano; Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero; Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa; y Antonio Suárez Fonticiella, director de Páginas Villareñas, fueron citados a la misma hora en sus diferentes localidades exactamente el 11 de julio, interrogados y amenazados por la policía política para que no reportaran ningún incidente ese día. Justamente, Juan Manuel Moreno Borrego fue la persona con más violaciones durante julio con un total de siete agresiones.

El periodista independiente José Luis Tan Estrada fue detenido arbitrariamente a inicios de mes, lo amenazaron y le advirtieron que el día 11 de julio no podía estar en lugares públicos, ni hacer publicaciones o acciones para incitar a las personas. La periodista de Cubanet, Camila Acosta, estuvo sitiada durante tres días en su vivienda por el aniversario del 11J y posteriormente el 25 de julio para impedirle reportar lo sucedido en la protesta de los masones.

También en julio el régimen condenó al periodista independiente Carlos Michael Morales a ocho meses de prisión domiciliaria bajo acusaciones de desobediencia. El juicio se llevó a cabo mientras Carlos Michael se encontraba en un delicado estado de salud y con un deterioro físico considerable tras una huelga de hambre que hizo durante 27 días para exigir sus derechos.

Preocupante es el caso del joven preso político Onaikel Infante Abreu, víctima de agresiones físicas y tortura en la prisión Combinado del Este por escribir en una pared de la cárcel con su sangre un mensaje de libertad para Cuba y los presos políticos. Onaikel está preso desde octubre de 2023 sin que se haya realizado un juicio en su contra.

Las presiones de la dictadura se expanden incluso fuera de las fronteras cubanas. El periodista independiente Yoel Acosta Gámez, quien se encuentra en Uruguay, evidenció la complicidad entre los regímenes de Nicaragua y Cuba para regular a periodistas, activistas y opositores cubanos e impedirles la entrada al país centroamericano. Acosta Gámez reveló que existe un listado enviado por el Ministerio del Interior de Cuba a las autoridades migratorias de Nicaragua donde se les ordena detener y regresar al país a personas de interés para el gobierno cubano.

Las acciones represivas del régimen castrista contra los cubanos críticos no se detienen y se exacerban en fechas como el 11J, cuando se hace más evidente el miedo a volver a escuchar en las calles los gritos de libertad y “Patria y Vida”.

Bajo ningún concepto se pueden aceptar y normalizar las constantes violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba, un legítimo derecho que deben tener los ciudadanos en cualquier parte del mundo. El llamado desde el ICLEP es a denunciar ante la comunidad internacional cada agresión que se comete en la isla contra los periodistas, activistas, opositores y ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana.