Redacción ICLEP- Citaciones, amenazas, detenciones y reclusión en cárceles son algunas de las formas de hostigamiento que continúa empleando el régimen cubano para reprimir a ciudadanos que se expresan a través de las redes sociales digitales. En la última semana, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) ha recogido información sobre siete personas de cuatro provincias, víctimas de medidas coercitivas como represalia por ejercer su libertad de expresión.

En la ciudad de Santa Clara, provincia Villa Clara, el enfermero Arony Yanko García Valdez se encuentra detenido desde el pasado 3 de abril. Ese día fue citado verbalmente para que se presentara en la 3ra estación de la Policía Nacional Revolucionaria. Al llegar a ese lugar fue esposado y trasladado hacia la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado, asegurado con medida de prisión provisional. Allí permaneció encarcelado hasta ayer, cuando lo trasladaron hacia la cárcel La Pendiente.

“Lo están acusando de desacato por publicaciones suyas en redes donde supuestamente se ofende a los mártires de la Revolución y a la figura del presidente Miguel Díaz-Canel. Ellos ni siquiera me enseñan las publicaciones. Me dicen que es por un meme. Le denegaron la petición de cambio de medida cautelar y ahora estoy esperando la respuesta a una segunda petición que presenté”, comentó su esposa Yunisley Suárez Rodríguez al ICLEP.

Suárez Rodríguez, también resultó detenida por espacio de cinco horas el día 3 de abril, cuando acompañó a su esposo a la citación en la unidad policial. La amenazaron con imputarle delitos si denunciaba la situación de García Valdez y según informó la organización legal independiente Cubalex, le restringieron el acceso a internet para impedir que difundiera información sobre el caso.

A inicios de mes, el jefe del sector policial y un oficial del Ministerio del Interior detuvieron en su vivienda en Santiago de Cuba a Adisbel Bueno, por unas directas que realizó días antes quejándose de los cortes de electricidad, del mal trabajo de las autoridades del territorio y en las que opinó que era necesario salir a las calles a protestar.

Junto a sus hijas, la llevaron hacia una oficina donde la interrogaron, la amenazaron con ir a prisión, perder la custodia de sus hijas y le impusieron un acta de advertencia que no quiso firmar. Adisbel le dijo el oficial que ella pensaba que no había cometido ningún delito, porque supuestamente en Cuba existía libertad de expresión, a lo que le respondieron que se expresara “en su casa, hablando bajito sin que nadie se enterara”.

Al salir del interrogatorio vio que su hija estaba llorando. La habían amenazado con perder su derecho a estudiar si no lograba que su madre dejara de hacer directas críticas en Facebook.  

En el caso de Víctor Manuel Hidalgo Cabrales, arrestado en Las Tunas el pasado mes por un post en Facebook y actualmente prisionero en la cárcel El Típico, le fue denegada el 5 de abril el cambio de medida cautelar presentada por su abogado. El tribunal no aceptó la solicitud de fianza, por lo que deberá seguir en prisión mientras se desarrolla la investigación en su contra por una publicación en redes sociales quejándose por los apagones.

También se conoció que su esposa, Andrieles Guerrero Velázquez, fue citada y amenazada por la Seguridad del Estado con ir a prisión, luego de que el 21 de marzo hiciera pública a través de un video la detención de Hidalgo Cabrales.

Por último, el abakua Rey Asiel Naranjo Palau fue trasladado el pasado 9 de abril a la prisión Combinado del Este, luego de más de dos semanas detenido en el centro de torturas de la policía política conocido como Villa Marista, en La Habana. Naranjo, quien se había hecho conocido días antes de su arresto por un video en el que llamaba a los abakúas a enfrentar al régimen cubano, está siendo investigado por unos carteles antigubernamentales que aparecieron en su zona de residencia.

Su traslado a prisión, al igual que el de Víctor Manuel Hidalgo, Arony Yanko García, Daniel Alfaro, Manuel de Jesús Rodríguez y los santiagueros Liuber Caballero, Ernesto Salazar y Asdrúbal Kindelán, detenidos recientemente por ejercer su libertad de expresión, marcan un patrón de represión extrema contra estas personas, las cuales están siendo privadas de su libertad y convertidos en presos políticos por acciones que deberían estar protegidas como parte de sus derechos.