Tras una citación de la Seguridad del Estado el pasado 29 de julio, a Eliosbel Quevedo Valladares, Coordinador Municipal del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en Cumanayagua, provincia Cienfuegos, le devolvieron saboteado su teléfono celular para evitar que haga “proselitismo político por las redes sociales”.

Una publicación en Facebook de Cuba Antitotalitaria detalla que el activista había sido citado el 27 de julio para que se presentara dos días después a las 9:00 a.m. en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado, en Pueblo Grifo ciudad de Cienfuegos.

Quevedo Valladares relató que lo mantuvieron esperando hasta las 2:30 de la tarde y solo después de su reclamo ante la informalidad, le fue entregado el teléfono celular y 5,000 pesos cubanos que “le habían sido ocupados en un registro hecho por efectivos del Ministerio del Interior (MININT) a su vivienda en Cumanayagua, hace varios meses”.

De acuerdo con el coordinador del FANTU, cuando le entregaron el dispositivo este no funcionaba, le explicó a los instructores penales que en el momento del registro del MININT, “dirigidos por oficiales de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga de la Dirección de Contrainteligencia (DCI)”, el celular funcionaba perfectamente.

La publicación refiere que los oficiales le explicaron a Quevedo Valladares que el teléfono “se habría deteriorado por estar tanto tiempo en el cuarto de ocupación sin funcionar, pues allí nadie lo tocaba”. No obstante, el activista llevó el teléfono a varios talleres de reparación donde le confirmaron que lo habían saboteado intencionalmente.

Además de entregarle un celular saboteado y hacerle firmar un acta de entrega, le hicieron saber al coordinador del FANTU que habían investigado la procedencia del dinero ocupado y que el expreso político realizaba trabajos en la agricultura en varias fincas particulares en Cumanayagua y la cantidad de dinero se justificaba con esos trabajos.

Al ocupar y sabotear el teléfono celular de Eliosbel Quevedo Valladares, la Seguridad del Estado intentaba impedir cualquier publicación de su parte en redes sociales en contra del régimen cubano, limitando así no solo el derecho a su libre expresión como ciudadano, sino también restringiendo sus posibilidades de comunicación.

Durante el mes de julio la policía política ha concentrado sus acciones represivas en el ámbito comunicacional, los cortes de internet y la vigilancia contra periodistas y activistas en fechas como el 11 y el 26 de julio son una evidencia clara de su intento fallido por evitar que se difunda a través de las redes sociales la realidad de Cuba y que los críticos de la dictadura influyan sobre la opinión pública.