Se considera cuando:

1. Existe impedimento y/o limitación a la libertad de expresión y de prensa en la red.
2. Cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales que tienen como propósito limitar la libertad de expresión de un periodista y/o medio de comunicación.
3. Hackeos que constituyen una actividad ilegal que se basa en acceder a equipos o programas sin consentimiento.
4. Bloqueo selectivo de páginas web cuando se reportan ataques DDoS (Distributed Denial of Service) que básicamente reportan ingresos masivos a un sitio web con el propósito de que la red caiga. También se incluyen ataques masivos a servidores con el propósito de limitar el uso de Internet de los trabajadores de la comunicación durante coberturas.
5. Bloqueo de acceso para periodistas a cuentas de RRSS institucionales o personales de altos funcionarios públicos.
6. Suplantación de identidad que es entendida como la usurpación del nombre que utilizan delincuentes cibernéticos para cometer actos ilícitos en Internet.
7. Abuso de solicitud de derechos copyright que tiene como propósito dar de baja a contenidos que afecten la imagen y/o involucren a funcionarios o actores no estatales.
8. Presiones o sanciones a intermediarios para limitar el acceso a internet o a su servicios.