El abuso de poder o autoridad por parte de dirigentes, funcionarios estatales y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (P.N.R), es un mal que afecta a nuestra población y se mantiene a pesar del creciente rechazo que provoca en nuestra sociedad.

Este flagelo está definido por el derecho penal como el delito que comete quien investido de poderes públicos realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, afectando la libertad de las demás personas, las intimide o de cualquier manera les cause vejámenes, agravios morales o materiales.

En momentos en que la población no cuenta con acceso a sus necesidades básicas, escasean los alimentos y se vive con desesperación, estas manifestaciones negativas por parte de empleados estatales, agravan la situación y dificultan la vida de los ciudadanos de a pie. Margarita López, residente en la calle Cuarta en Dobarganes, opina que el abuso de poder es un mal que se ha generalizado en nuestra sociedad y que incluso los dirigentes de primer nivel, lo emplean para justificar sus errores y eliminar obstáculos no deseados.

“Creo que el Estado cubano no ha sido capaz de controlar el poder que tienen sus funcionarios. Hay directores de empresas y cuadros políticos, que sancionan o se quitan del medio a todo el que los cuestione”, advierte. También dijo, que lamentablemente los obreros no tienen herramientas para enfrentarse a los administrativos, porque los sindicatos se han convertido en aparatos que solo funcionan para recaudar dinero de los trabajadores.

Luis Ibarren Agüero, ingeniero jubilado que vende hortalizas en la zona del Condado, asegura que la mayoría de los funcionarios que están encargados de supervisar el trabajo por cuenta propia en la zona donde trabaja, hacen uso indebido de sus funciones públicas.

“Llegan a tu puesto y te revisan todo sin mantener el respeto, luego te piden dinero o alimentos para no multar. Sabes que no puedes protestar o denunciarlos, porque el jefe que los manda también se beneficia con eso”, precisó.

El señor agrega, que el manejo y la manipulación indebida de resoluciones y decretos por las autoridades facultadas, afectan cada día a un gran número de personas.

“Nadie en nuestro país escapa a este problema, obreros estatales, amas de casas, trabajadores privados, estudiantes, campesinos y sobre todo las personas de la tercera edad, sufren por esta situación. Como dice un viejo amigo mío, el que tiene un cargo con poder tiene sus problemas resueltos”, acotó Agüero

Publicado originalmente en la edición 99  del medio de comunicación comunitario del ICLEP,  Páginas Villareñas.