Cuba, año tras año, continúa siendo un sombrío ejemplo de la represión estatal contra la libertad de expresión y prensa. En 2023, el Estado, como siempre, se destacó como el principal perpetrador de violaciones a estos derechos fundamentales, siendo responsable del 97.8%, según el informe anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

"Las tácticas represivas continuaron, pero en 2023 adquirieron una variante significativa: el uso sistemático de cortes de líneas telefónicas e internet como método predilecto para silenciar a los comunicadores", destaca el informe  Balance Parcial 2023: Hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, revelando que el 42.5% de los 494 hechos represivos documentados fueron cortes selectivos de telefonía e internet, evidenciando una adaptación estratégica del régimen para mantener su control sobre la narrativa pública.

La dictadura socialista continuó utilizando a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) como brazo ejecutor, realizando cortes de internet selectivos amparados en el Decreto-Ley 35/2021. Esto dejó incomunicados a periodistas, activistas y opositores pacíficos, mientras se detectaba un aumento en la persecución a través de redes sociales, con "ciberclarias" estatales monitoreando y manipulando las conversaciones en línea.

El informe resalta que las detenciones arbitrarias, representando el 34.2% de las violaciones registradas por ICLEP, continuaron siendo una herramienta prevalente. Estas se intensificaron en momentos clave para impedir la cobertura periodística de eventos de interés público.

"Los ataques, amenazas y agresiones psicológicas representaron el 12.5% de las violaciones registradas", señala el informe, indicando que, en contraste con años anteriores, estos se dirigieron no solo a opositores pacíficos, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, sino también a personas comunes que criticaron la gestión gubernamental en redes sociales.

El sistema totalitario cubano consolidó la represión legalmente con la aprobación de la nueva Ley de Comunicación Social en mayo de 2023, prohibiendo absolutamente los medios independientes y confirmando la política estatal de persecución y criminalización.

El informe destaca casos específicos, como la liberación del influencer Yoandi Montiel (El Gato de Cuba) en abril de 2023, por cumplimiento de su condena, en contraste con “la prisión continua del periodista Lázaro Yuri Valle Roca y las medidas cautelares impuestas, arbitrariamente, a los periodistas independientes José Antonio López Piña y Jorge Fernández Era, además de la condena de un año y seis meses de privación de libertad, en noviembre de 2023, contra el freelance Luis Ángel Cusa Alfonso”.

En un episodio más de la continua represión en Cuba, nueve ciudadanos de Güines fueron condenados el 3 de noviembre de 2023 por participar en una manifestación pacífica el 10 de octubre de 2022, parte de más de un centenar de manifestaciones espontáneas ocurridas en todo el país entre finales de septiembre y mediados de octubre de ese año.

Las condenas oscilaron entre cuatro y siete años de privación de libertad, siendo notorio que las más severas recayeron principalmente en mujeres. Además, el informe resalta la estrategia del régimen de utilizar el delito de desacato para silenciar la expresión ciudadana.

Vale destacar que el delito de desacato atenta directamente contra el derecho a la libertad de expresión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado a su "inmediata derogación".

El informe también menciona el aumento del 700% en el monitoreo de personas recluidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, pero aclara que este aumento se debe “a que el ICLEP comenzó este año a monitorear la libertad de expresión de todos los cubanos y no solo la de los periodistas”.

"Aunque las agresiones registradas por ICLEP disminuyeron 2.7% respecto al año anterior, esto no refleja mejoras reales", indica el informe, atribuyendo la disminución al exilio de comunicadores y la autocensura, donde muchos evitan la criminalización al callar sus voces.

Desde ICLEP, se insta a analizar las restricciones a la libertad de expresión y prensa como parte del engranaje represivo del totalitarismo cubano. Además, se enfatiza la necesidad de una mayor fiscalización de los recursos internacionales que recibe Cuba, alertando sobre la distorsión de la realidad del periodismo cubano desde el extranjero.

Lamentablemente, Cuba sigue siendo un triste referente de represión estatal a la libertad de expresión y prensa. El informe de ICLEP revela la persistencia de tácticas represivas, la consolidación de legislaciones draconianas y un complejo entramado de censura e intimidación.

“La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para defender los principios democráticos y los derechos humanos en Cuba, exigiendo un cambio radical en las políticas represivas del Estado cubano”, concluye el informe del ICLEP.

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