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ICLEP
24 Jun, 2025
El régimen cubano redobla la represión contra la periodista Yunia Figueredo y su esposo
Yunia Figueredo, directora del medio comunitario del ICLEP Amanecer Habanero
Por ICLEP
Jun 24, 2025 | 10:30 AM
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) condena enérgicamente la nueva escalada represiva ejecutada por la Seguridad del Estado contra la periodista Yunia Figueredo Cruz, directora del medio comunitario Amanecer Habanero, y contra su esposo, el también periodista independiente Frank Correa, como represalia por ejercer el derecho a informar y denunciar los abusos del régimen cubano.
Este lunes 23 de junio, Figueredo fue víctima de llamadas telefónicas amenazantes desde un número privado. Al no responder, los represores intentaron contactarla a través del teléfono de su esposo. Fue entonces cuando el mayor Leonel, oficial de la Seguridad del Estado, profirió una amenaza directa y de tono intimidatorio:
“Por no presentarte a la citación te vamos a abrir un expediente de peligrosidad. Y tu esposo no está fuera del problema, porque anda en lo mismo que tú.”
Este acto de chantaje político, encubierto como procedimiento legal, constituye una grave violación de la libertad de prensa, del debido proceso y de los derechos fundamentales, y evidencia el carácter sistemático y arbitrario del aparato represivo cubano. La intimidación no se limita a la periodista, sino que se extiende a su familia, lo que refuerza el perfil totalitario del régimen.
La amenaza contra la periodista y su familia ocurre apenas dos días después de una citación policial sin fundamento legal, y a solo una semana de que Figueredo fuera amenazada públicamente mediante la colocación de una patrulla frente a su vivienda en el barrio habanero de Jaimanitas. Desde el vehículo, agentes de la Seguridad del Estado le gritaron:
“No puedes salir de tu vivienda ni hoy ni mañana. Pórtate bien, que es lo mejor que puedes hacer.”
Desde que asumió la dirección de Amanecer Habanero, Yunia Figueredo se ha convertido en un blanco directo de la represión estatal. Su labor de denuncia hacia el fracaso del sistema, ha provocado la reacción de un régimen que no tolera el ejercicio libre del periodismo.
El ICLEP documenta y denuncia las siguientes violaciones cometidas contra Yunia Figueredo Cruz:
- Amenazas verbales y telefónicas por parte de agentes de la Seguridad del Estado.
- Vigilancia policial permanente sin orden judicial.
- Restricción ilegal de su libertad de movimiento mediante advertencias extralegales.
- Utilización del expediente de “peligrosidad predelictiva” como herramienta de castigo político.
- Intimidación psicológica contra su familia.
- Citaciones policiales sin base legal, disfrazadas de “entrevistas”.
- Represalia directa por ejercer funciones como directora de un medio comunitario independiente.
Por tanto, el ICLEP:
- DENUNCIA el uso sistemático de métodos ilegales como amenazas, vigilancia, citaciones arbitrarias y expedientes predelictivos, empleados por el Estado cubano como mecanismos de represión y terror psicológico contra la prensa independiente.
- EXIGE el cese inmediato del hostigamiento contra Yunia Figueredo, Frank Correa y el resto de los comunicadores de la red ICLEP y de todos los periodistas cubanos.
- RESPONSABILIZA al Ministerio del Interior, a la Policía Política y al Gobierno de Cuba por cualquier daño físico, psicológico o jurídico que puedan sufrir los periodistas independientes y sus familias.
- LLAMA URGENTEMENTE a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa en el mundo a pronunciarse, condenar estos hechos y activar todos los mecanismos disponibles de protección internacional para periodistas en situación de riesgo.
La represión contra Yunia Figueredo no es un hecho aislado, sino parte de una política estructural y sistemática de persecución contra periodistas comunitarios vinculados al ICLEP. Solo en los últimos dos meses se han documentado múltiples casos similares:
- Yasser Toledo Ventura, exdirector de Páginas Villareñas, fue amenazado con prisión el 29 de abril y vigilado nuevamente el 19 de mayo.
- Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano, fue vigilada y se le prohibió salir de su vivienda los días 1º y 20 de mayo.
- Pedro Luis Hernández, reportero de El Espirituano, fue sometido al mismo patrón de vigilancia e intimidación en esas fechas.
- Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa, fue vigilada el 20 de mayo para impedirle salir de su casa.
Todos ellos han sido objeto de una represión preventiva, diseñada para sofocar cualquier expresión de descontento social, particularmente en fechas de alto simbolismo nacional como el 1º de mayo (Día Internacional de los Trabajadores) y el 20 de mayo (fecha fundacional de la República de Cuba).
“Denunciamos al mundo el hostigamiento y acoso que sufrimos los periodistas independientes que queremos una Cuba mejor, y hacemos responsables a la Seguridad del Estado y al Ministerio del Interior de lo que nos pase a nosotros o a nuestras familias”, declaró Yunia Figueredo a través del ICLEP.
La represión en Cuba no es un rumor ni una exageración. Está documentada. Tiene nombres, fechas y pruebas.
Recordamos que, en los últimos tres meses, el régimen socialista de Cuba ha incrementado de forma alarmante el número de agresiones contra la libertad de expresión y de prensa, consolidando una tendencia sostenida de escalada represiva. El pasado mes fue el más represivo del año, con 143 violaciones documentadas y registradas por el ICLEP en su informe mensual.
Ignorar la represión estatal es cerrar los ojos deliberadamente y legitimar la impunidad.
Cada citación, cada amenaza, cada acto de vigilancia contra un periodista independiente cubano es un ataque directo a la verdad y al derecho a informar. No se trata solo de Yunia Figueredo, sino de todos los periodistas que, dentro de la Isla, ejercen su labor con valentía frente al poder represor.
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa, los mecanismos regionales y globales de protección, y los gobiernos democráticos tienen la responsabilidad de actuar con urgencia, denunciar con firmeza y activar medidas concretas.
El silencio cómplice es una forma de participación en el crimen.
