Las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba continuaron con cifras alarmantes durante el mes de noviembre, siendo los ciudadanos sin apego a ninguna organización contraria al régimen ni activismo político los más afectados por la represión de la dictadura. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró un total de 65 violaciones durante ese mes, de las cuales 53 corresponden a la libertad de expresión y 12 a la libertad de prensa.

El mayor número de agresiones se registró en detenciones arbitrarias (29), ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas (16), uso abusivo del poder estatal (13), además de 4 restricciones en el espacio digital, 2 agresiones físicas y una reclusión. Nuevamente, la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria fueron los principales órganos represores.

La crisis energética en el país y los constantes apagones han provocado protestas ciudadanas en varias localidades. La respuesta del régimen se ha basado en detener a los manifestantes, imponerles prisión preventiva e iniciar procesos penales en su contra, acusándolos de “atentado, desórdenes públicos y daños”.

Durante noviembre, 31 ciudadanos comunes fueron víctimas de agresiones, la gran mayoría de ellos por salir a las calles a protestar ante las deplorables condiciones de vida en la isla y por ejercer su legítimo derecho a expresarse. También entre las víctimas se contabilizaron 8 periodistas, 6 activistas, 8 presos políticos y un opositor; de estas, 36 son hombres y 18 mujeres.

Las provincias con mayor número de violaciones a la libertad de expresión y de prensa fueron Santiago de Cuba (15), La Habana (12) y Villa Clara (12), territorios donde ocurrieron la mayor cantidad de protestas por los apagones.

En noviembre se realizaron los juicios de dos presos políticos: Onailkel Infante Abreu, quien lleva más de un año en prisión por escribir frases antigubernamentales en una sábana y exhibirla desde la azotea de su vivienda, y Sulmira Martínez Pérez, detenida en enero de 2023 por publicar en Facebook mensajes que animaban a los cubanos a protestar contra la dictadura. Para Onailkel, la fiscalía solicitó una condena severa de entre 15 y 20 años, catalogándolo como un “peligro para la sociedad”. En el caso de Sulmira, se mantuvo la petición fiscal de 10 años de privación de libertad durante un juicio que se llevó a cabo bajo un fuerte despliegue policial y de la Seguridad del Estado.

La situación de los presos políticos en las cárceles cubanas también es alarmante, familiares denuncian constantemente que permanecen incomunicados, en celdas de castigo, recibiendo golpizas y amenazas por protestar ante las pésimas condiciones en las que se encuentran los reclusos. El preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García, permaneció incomunicado durante varios días sin que su familia conociera su estado de salud tras recibir una golpiza en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, por la que tuvo que ser hospitalizado.

Durante este mes, el ICLEP documentó otro caso que demuestra la complicidad existente entre las dictaduras de Cuba y Nicaragua. El periodista Enrique Díaz Rodríguez y cinco miembros de su familia quedaron varados en Perú luego de que las autoridades nicaragüenses les negaran la entrada a ese país. Tras años de acoso y represión por parte del régimen cubano, el periodista decidió abandonar la isla junto con su familia, pero los tentáculos de la dictadura trascienden las fronteras físicas de Cuba.

En el punto de mira del régimen también se encuentran los activistas del Foro Antitotalitario Unido (FANTU). Durante noviembre se reportaron varias amenazas y detenciones a militantes de esa organización por realizar proselitismo político, llamar a la desobediencia civil y colocar carteles antigubernamentales. Uno de ellos, el activista Amaury Díaz Martínez, continúa arrestado y bajo investigación para ser sancionado.

En octubre, el ICLEP reportó 74 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, un mes en el que los ciudadanos comunes también fueron uno de los grupos con mayor cantidad de víctimas. Esto demuestra que la dictadura está enfocada en reprimir y acallar a cualquiera que intente denunciar la situación del país. Para los gobernantes cubanos, constituyen una amenaza no solo quienes cuestionan abiertamente al régimen desde el punto de vista político, sino también todos aquellos que reclaman sus derechos y exponen las realidades de la dictadura ante el mundo.