La Habana, Cuba- Una mujer en situación de calle y una madre de nombre Estanys Rodríguez fueron amenazadas en La Habana por comunicar las solicitudes de ayuda que estaban realizando. La primera, con carteles en un parque, y la segunda, a través de un video en las afueras de un lugar que identificó como la residencia del presidente designado Miguel Díaz-Canel.

“Yo vivo en la calle. Llevo 12 años en la calle. Voy a cumplir 18 años con el sida. No me han resuelto nada, todo se ha quedado en palabras. Lo mismo aquí en La Habana que en Holguín”, dijo al medio independiente Cubanet la señora que exhibía dos carteles con los mensajes “No tengo comida” y “Vivo en la calle”.

Una autoridad no especificada en la nota le ordenó que no mostrara los carteles y le pidió, además, que se marchara del parque, ubicado en la intersección de las calles 20 de Mayo y Ayestarán, a solo dos cuadras de la Plaza de la Revolución y las sedes del Consejo de Estado de la República de Cuba y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El hecho ocurrió el pasado 15 de abril y, además de un abuso de poder contra alguien en situación de vulnerabilidad extrema, constituye una violación a la libertad de expresión de esta persona que, por escrito, buscaba la solidaridad de quien pudiera ayudarla económicamente.

Por su parte, Estanys Rodríguez, residente en el municipio de Marianao y madre de una niña de dos años, se personó ayer con la menor de edad en un lugar que identificó como la vivienda del presidente designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

“Ahora mismo me estoy apareciendo en casa del presidente Díaz-Canel con mi niña de dos años, porque vine a presentar la situación que tengo en mi casa, como estoy viviendo, las condiciones que tengo, y la respuesta a todo es: amenazas. Nadie puede atender a nadie, los oficiales [me dicen] que tengo que acompañarlos para darle mis documentos”, denunció Rodríguez a través de una directa en Facebook, con su hija en brazos frente a una garita de seguridad.

Luego de que llegara la policía, la madre de solo 20 años fue obligada a retirarse del lugar. En otra directa, realizada una hora y media después, contó que uno de los oficiales la amenazó por transmitir por sus redes sociales el reclamo que realizaba.

“¡Cómo me dijo el oficial, que los videos que había subido para Facebook tenía que borrarlos! Me amenazó con que si yo seguía publicando videos por mis derechos, me podían quitar la conexión”. Antes de esta transmisión, que fue la última que realizó, las que había hecho previamente se cortaron a los pocos segundos de iniciarlas. Desde ayer no ha vuelto a publicar.

Además de la violación de su derecho a la protesta, la forma en que actuó la policía atentó contra su derecho a la libre expresión y acceso a la información al prohibirle la documentación y publicación de su acción y amenazarla con interrumpirle el servicio de internet, algo que no debería ser una atribución expedita de las fuerzas del orden y menos en tales circunstancias.