Redacción ICLEP- Los presos políticos del 11J Roberto Pérez Fonseca y Lisdiany Rodríguez Isaac fueron castigados recientemente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Pérez Fonseca, recluido en la prisión de Quivicán, provincia Mayabeque, fue llevado a celda de castigo el pasado 19 de febrero por manifestarse pacíficamente en el patio del penal pidiendo la libertad de los presos políticos.

“Los gritos eran tan fuertes que pude oírlos cuando me llamaron [por teléfono, desde la cárcel] para avisarme. Gritando Abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, Patria y Vida”, contó en redes sociales su hermano, el activista Alberto Fonseca, residente en Canadá.

Además de la reclusión en régimen de aislamiento, las consignas dichas por Pérez Fonseca le han valido torturas físicas por parte de las autoridades. Durante el tiempo que lleva en celda de aislamiento no le han permitido entrar ropa de invierno ni sábanas para taparse, a pesar de ser asmático, solo le permiten comer y tomar agua una vez al día y le han negado asistencia médica para un dolor de muelas que padece.

Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de privación de libertad, acusado de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir, por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el municipio San José de las Lajas. Entre los hechos considerados por los jueces para sancionarlo, estuvo romper una fotografía del dictador Fidel Castro.

En el caso de Lisdiany Rodríguez le fue negada la libertad condicional y la privaron del pase correspondiente al mes de marzo por gritar “Abajo Díaz-Canel” delante de la mayor Marlen de la Rosa Wilde, de la prisión Guamajal de mujeres, en Villa Clara. El hecho ocurrió el martes 20 de febrero.

La también presa política del 11J se expresó de esa manera como protesta por las arbitrariedades que están cometiendo con su hermana Lisdani, embarazada e igualmente detenida en ese penal por participar de las manifestaciones del municipio Placetas, a quien la Seguridad del Estado quiere obligar a abortar y para ello la someten a torturas físicas y psicológicas.

Lisdiany Rodríguez, de 25 años, fue condenada a ocho años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, según la información publicada por la organización Justicia 11J.

También la madre de la presa política Sulmira Martínez Pérez denunció a Diario de Cuba el pasado 24 de febrero que su hija se encuentra amenazada por las autoridades de la prisión Mujeres de Occidente, para que no denuncie ninguno de los abusos que cometen allí contra ella y el resto de las reclusas.

“Si me dice algo, después eso le cuesta allá dentro. Lo que pasa que yo veo las cosas y también pregunto a gente que me informa, por eso es que yo me entero de muchas cosas que ella no puede hablar, yo me he enterado del tema de la comida porque la gente me lo ha dicho. No quiero que ella se busque más problemas, lo que quiero es que acabe de salir ya que es lo me interesa a mí”, comentó la madre al medio independiente.

Sulmira fue detenida el 10 de enero de 2023 por publicar en sus redes sociales mensajes contra el régimen cubano. Desde entonces se encuentra prisionera sin siquiera tener petición fiscal. En la cárcel ha sido agredida por presas comunes que obedecen a las autoridades del penal, recluida en celda de castigo y le han negado atención médica para las múltiples enfermedades que ha padecido. A mediados del pasado año expresó la intención de suicidarse y le comentó a su madre que ya no podía seguir soportando tantos abusos.