Redacción ICLEP- Las autoridades penitenciarias y la Seguridad del Estado continúan enfrascadas en impedir que se conozcan las graves violaciones que cometen dentro de las prisiones cubanas. En lo que va de mes, varios presos políticos han sido víctimas de represalias por realizar denuncias desde las cárceles, las cuales incluyen reclusión en celda de aislamiento, amenazas, decomisos y privación de su derecho a las llamadas telefónicas.

En el Combinado de Guantánamo, el prisionero político Emeregildo Duvergel Deliz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue llevado a celda de castigo el pasado 1ro de marzo, acusado de sacar una denuncia sobre robo de comida en la prisión Combinado de Guantánamo.

La queja en cuestión había sido publicada en redes sociales el día antes por el activista Librado Linares y se refería a un acto de arbitrariedad y corrupción del jefe de orden interior, quien ordenó retirar a los reclusos la comida que no habían consumido durante la visita y luego se la apropió para usarla como sancocho. Aunque en la nota no se mencionó la fuente de la información, la dirección del penal acusó y castigó a Duvergel.

También en esta cárcel de la región oriental, el preso político Misael Morales Patterson fue amenazado por este mismo funcionario y por el jefe de la prisión, con ir por un año completo a celda de aislamiento si continuaba sacando hacia el exterior denuncias sobre violaciones cometidas contra la población penal y contra él en particular.

El hecho ocurrió el 28 de febrero, pero no se conoció hasta mediados de marzo, ya que a Morales, también miembro de UNPACU, le restringieron las llamadas telefónicas como castigo. Solo se las permiten cuando los funcionarios entienden y no cuando debería corresponderle por reglamento.

En la prisión de Quivicán, provincia Mayabeque, el prisionero político del 11J Abel Lázaro Machado Conde fue amenazado el 12 de marzo por el mayor de la Seguridad del Estado “Julio Richard”. Le dijo que su madre, Beatriz Conde Mesa, iría presa o le pondrían una multa si él continuaba dándole quejas sobre la falta de medicamentos en la prisión que luego ella publica en redes sociales.

Machado Conde es paciente de psiquiatría y constantemente le son negados los medicamentos que necesita para no descompensarse. Su madre ha recurrido a la denuncia en redes sociales, en varias ocasiones, ante la falta de atención por parte de las autoridades responsables.

Este tipo de amenazas son usadas por la policía política y por los carceleros como forma de tortura psicológica contra este joven, que ha realizado varios intentos suicidas y que a raíz de esta última intimidación, dijo que se cortaría el pecho para escribirse la frase “Patria y Vida” en la piel.

La Dama de Blanco Saylí Navarro Álvarez, recluida en la prisión de mujeres La Bellotex, provincia Matanzas, fue víctima de una requisa el 8 de marzo en la que le ocuparon la libreta donde apunta los números de teléfono a los que llama desde la cárcel. Además, le decomisaron el diario en el que deja constancia de sus vivencias en la cárcel, lo cual también constituye una violación a sus derechos penitenciarios y a su libertad de expresión.  

Con respecto a las restricciones a las llamadas telefónicas, al preso político Ramón Enrique Montero Meriño, recluido en la prisión Kilo 8 de Camagüey, lo tienen privado de este derecho, según comunicó el pasado 4 de marzo Martí Noticias. Por su parte, al también manifestante del 11J, Maikel Puig Bergolla, una reducadora de la prisión de Quivicán le impidió el 5 de marzo llamar por teléfono para comunicarse con su familia.

La comunicación de los prisioneros políticos Yosvany Rosell García Caso (Prisión Cuba Sí, Holguín) y Jorge Martín Perdomo (Campamento Ho Chi Minh, Mayabeque) ha sido afectada en el transcurso del mes debido a roturas en los teléfonos de dichas prisiones, que las autoridades no se ocupan de solucionar.

El preso político Alien Tijerino Castro, miembro de la organización Delibera, también denunció el pasado 10 de marzo que en el campamento “La Lima” de La Habana, los teléfonos no tienen salida internacional para impedir que los reclusos puedan comunicar a grupos y activistas en el exilio las violaciones a las que son sometidos.