La Fiscalía Provincial de Matanzas ha solicitado penas de cuatro y tres años de privación de libertad, respectivamente, para las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres, acusadas de los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia.

Ambas académicas fueron instruidas de cargos el 18 de junio de 2024, pero no es hasta casi un año después que la Fiscalía presentó sus conclusiones provisionales al Tribunal Municipal Popular de Matanzas. El escrito, firmado por la fiscal Ana Lilian Caballero Arango, solicita la apertura de juicio oral y responsabiliza a López y Pantoja de “agredir a oficiales del Ministerio del Interior durante un incidente ocurrido cuando ambas se dirigían hacia La Habana”, pero lo que oculta la petición fiscal es que ambas fueron arrestadas con violencia cuando pretendían realizar una protesta pacífica.

En un extenso texto publicado en su perfil de Facebook, Alina Bárbara López denunció el contenido de la petición fiscal, “seis cuartillas y media, pésimamente redactadas y plagadas de erratas”, en las que supuestamente se analizan los hechos y “todo lo dicho por la fiscal, desde la primera sílaba hasta la última, es falso”.

López sostiene que la narrativa de la fiscalía está basada en una "ficción grotesca" que las presenta como agresoras, ignorando que fueron ellas las víctimas de la violencia institucional: “Nosotras fuimos las golpeadas, violentadas y tratadas como animales. Aquel día temí por mi vida, pues la oficial que nos acusa es un ser violento, con enorme fuerza física y preparación como judoca, que contó además con la ayuda de varios policías hombres. Todavía sufro las secuelas de los golpes y torceduras en cuello y cabeza, de lo que derivó una laberintitis postraumática diagnosticada por un neurocirujano en el hospital provincial de Matanzas, y aunque me he recuperado mucho, aún los cambios rápidos de postura me provocan desequilibro. Jenny, por su parte, padeció durante semanas de dolores y molestias a nivel del diafragma, debido a que la oficial se encimó sobre su pecho con su gran peso y volumen”.

Según su testimonio, la detención fue ordenada por órganos de Seguridad del Estado con el propósito de impedir una manifestación pacífica, un derecho reconocido constitucionalmente pero, en la práctica, perseguido por las autoridades cubanas.

La fiscalía acusa a Alina Bárbara López de tres delitos: desacato, desobediencia y atentado, y solicita una condena conjunta de cuatro años de privación de libertad, que podrían ser sustituidos por trabajo correccional sin internamiento, junto con la prohibición de salida del país.

Para Jenny Pantoja, se solicita una condena de tres años de privación de libertad también sustituibles por trabajo correccional, y con similares sanciones accesorias.

Ambas mujeres enfrentan además reclamos de responsabilidad civil: 650 pesos cubanos por la supuesta rotura del uniforme de una oficial, en el caso de López; y 5000 pesos en el caso de Pantoja, por supuestos daños a las extensiones del cabello de la misma oficial.

López considera que esta acusación responde a una estrategia deliberada del régimen para ocultar la naturaleza política de su detención, disfrazándola de altercado callejero. “El objetivo de esta farsa es permitir que el Estado afirme con cinismo en foros internacionales que en Cuba no hay presos políticos”, escribió.

La intelectual cuestiona también la legitimidad del sistema judicial cubano, al afirmar que la Constitución de 2019 reconoce derechos ciudadanos que en la práctica son sistemáticamente vulnerados, y que en su caso, será esa misma carta magna la que “se sentará en el banquillo de los acusados”.