La Habana, Cuba – El Instituto Cubano por la libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), en su compromiso solidario con los periodistas de Nicaragua, se une a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y denuncia el deterioro de la salud de los periodistas nicaragüenses presos.

“El ICLEP es firmante de la Declaración sobre Nicaragua y lo menos que podemos hacer es solidarizarnos con los colegas nicaragüenses y condenar al régimen Ortega-Murillo por las sistemáticas violaciones a la libertad de expresión y prensa”, dijo el director general del ICLEP, Normando Hernández.

Recientemente la SIP advirtió “sobre el deterioro del estado de salud de seis periodistas presos en Nicaragua, entre ellos una mujer, que cumplen condenas de hasta 13 años en prisión. La organización pidió su liberación inmediata ‘por tratarse de presos de conciencia’, quienes fueron sentenciados en juicios sumarios, sin debido proceso y por delitos inexistentes”, aseguró la SiP en su nota.

La SIP reiteró su pedido a la comunidad internacional para cerrar filas sobre los casos de los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, estos tres últimos del diario La Prensa, quienes enfrentan afecciones a su salud y a quienes se les violan derechos contemplados en normas internacionales sobre tratamiento de prisioneros y derechos humanos.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, responsabilizaron al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el deterioro de la salud de los periodistas. "Los hacemos responsables ante la comunidad internacional por lo que les pudiera suceder, tanto a ellos como al resto de los presos políticos".

Canahuati, presidente del Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, exhortaron a las asociaciones regionales e internacionales de prensa, organismos multilaterales y a un grupo de embajadores latinoamericanos ante la OEA, denominado Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo, "a mantener en la agenda pública el caso de Nicaragua para demostrar solidaridad con los periodistas nicaragüenses y sus familiares, y demandar su liberación".

Con esta denuncia, la SIP sigue dando cumplimiento al compromiso de la Declaración sobre Nicaragua, firmada en abril por 27 organizaciones nacionales e internacionales de prensa. En mayo pasado, el encarcelamiento y la persecución de periodistas en Nicaragua fue abordado en reuniones de la SIP en Washington, D.C., con funcionarios del Departamento de Estado, congresistas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), embajadores permanentes ante esa institución, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con instituciones dedicadas a los derechos humanos.

Como parte de su campaña pública de respaldo a Nicaragua, la SIP enviará a esos organismos las semblanzas sobre cada uno de los periodistas presos, además divulgar la información por redes sociales en una campaña de conciencia pública que emprende junto al diario La Prensa, de Nicaragua, que proporcionó la información. Nicaragua será uno de los asuntos principales de la asamblea general de la SIP, a realizarse en Madrid, España, del 27 al 30 de octubre. La SIP también pide a sus socios publicar en sus redes los perfiles de los periodistas presos para generar mayor conciencia sobre el tema.

A continuación, un detalle del estado y situación de los seis periodistas nicaragüenses. Al hacer click sobre sus nombres, se puede acceder a las semblanzas completas de cada uno de ellos.

Miguel Mora, de 56 años, fue sentenciado a 13 años de cárcel. Está preso en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote, donde se han denunciado torturas, abusos, trato denigrante y otras violaciones a los derechos humanos. Está encarcelado desde el 20 de junio de 2021. Ha perdido más de 30 libras (13 kilos) de peso. Se le niega el derecho a comunicarse con su hijo y a acceder a una Biblia. Se le acusó de menoscabo a la integridad nacional.

Miguel Mendoza, de 51 años, fue condenado a nueve años de prisión. Está preso en el nuevo Chipote. Fue detenido el 21 de junio de 2021. Comparte celda en condiciones deplorables con Juan Lorenzo Holmann, cuyas paredes están enmohecidas, no tienen ventana, mantienen la luz encendida las 24 horas y solo se les permite salir al patio una vez a la semana. Mendoza ha perdido mucho peso, le niegan el derecho a comunicarse con su hija y a acceder a una Biblia. Se le acusó de conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional.

Jaime Arellano, de 61 años, fue condenado a 13 años de cárcel. Cumple su sentencia en arresto domiciliario desde el 24 de junio de 2021, cuando fue detenido. Padece problemas de obesidad, circulación y presión alta. Se le acusó de conspiración para cometer menoscabo, propagación de noticias falsas, a través de tecnología de la información y la comunicación.

Cristiana Chamorro, de 67 años, fue condenada a 8 años de arresto domiciliario, sentencia que cumple en completa incomunicación y restricción absoluta desde el 2 de junio de 2021, cuando fue detenida. Se le acusó de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y lavado de dinero, bienes y activos.

Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años, fue condenado a nueve años de prisión. Desde su detención el 25 de junio de 2021 hasta el 1 de mayo de 2022 estuvo encarcelado en el nuevo Chipote. Debido al deterioro de su salud, se dispuso el cumplimiento de su condena en arresto domiciliario. Perdió más de 30 libras (13 kilos) de peso y presenta problemas en los oídos. Se le acusó de gestión abusiva, apropiación y retención indebida.

Juan Lorenzo Holmann, de 55 años, fue condenada a nueve años de prisión. Está preso en el nuevo Chipote. Tras ser detenido el 14 de agosto de 2021, se le impidió la visita de su abogado y las audiencias en su contra se realizaron de forma secreta. Padece de hipertensión, tiene problemas de visión y tuvo una operación del corazón el año pasado, cuyo estado no ha sido revisado de forma periódica debido al encarcelamiento. Se le acusó de lavado de dinero, bienes o activos.