La Habana, Cuba - El periodista independiente Yoel Acosta Gámez, denunció el continuo hostigamiento al que es sometido por parte de la policía política del municipio guantanamero de Baracoa.

“La Seguridad del Estado día a día me hostiga, me vigila, pregunta por mí, sigue mis pasos, insiste en personas para que me roben dentro de mi vivienda”, dijo Acosta Gámez en una transmisión de Facebook.

El último incidente relacionado con el entorno del reportero de Palenque Visión y colaborador del medio ADN Cuba, ocurrió este 3 de marzo, cuando un amigo del activista —Alejandro Jiménez Blanco— fue citado por el teniente coronel Lesnier Leyva, jefe de enfrentamiento de la Seguridad del Estado (SE) en Baracoa, para una “entrevista” en la unidad policial de dicho municipio.

Durante la conversación, los agentes intentaron persuadir a Alejandro para que entrara a la vivienda del reportero y sustrajera su teléfono móvil, con la promesa de que "iba a ser protegido por ellos”, según contó el periodista.

Acosta Gámez, hace su trabajo reporteril denunciando a través de audiovisuales la precaria situación que se vive en las comunidades rurales guantanameras, “donde no va el gobierno, donde no va el Partido, donde no va ningún organismo estatal” a preocuparse por sus pobladores.

“Estoy en contra de la dictadura comunista que oprime a nuestro pueblo, que lo maltrata, que lo humilla”, manifestó el reportero, quien aseguró que continuará reportando a pesar de las amenazas de ir a prisión.

Según declaraciones del propio Acosta Gámez, quien es también paciente de VIH, durante el 2021 fue víctima de 14 detenciones policiales, 16 registros a su domicilio, y multado por la suma de 14 500 pesos cubanos por sus actividades dentro de la sociedad civil cubana.

El ICLEP, en el caso de Acosta Gámez, documentó 12 hechos violatorios en su contra por ejercer el periodismo.

En el balance parcial del ICLEP para 2021, se registraron al menos 734 detenciones arbitrarias y 79 amenazas y agresiones psicológicas contra periodistas cubanos. El instituto además contabilizó 257 casos de restricciones en espacios digitales, 26 abusos de poder estatal, 20 agresiones físicas y 13 periodistas privados de libertad.