Luis Andrés Domínguez Sardiñas. Foto Martí Noticias.
Por ICLEP
Mar 6, 2025 | 10:25 AM
El activista cubano Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue enviado a cumplir una sentencia de tres años de privación de libertad en la prisión 1580 de La Habana, acusado de “otros delitos contra la Seguridad del Estado”, luego de que fuera rechazado el recurso de apelación presentado por su abogada en mayo de 2024.
La respuesta a su apelación fue arrestarlo el pasado 19 de febrero e internarlo en la unidad de la policía de Marianao. El 4 de marzo fue trasladado a la cárcel para cumplir su sentencia.
“En vez de aceptarle la apelación lo que hicieron fue meterlo preso. Hace 15 días, aproximadamente, vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca- que hay tres- porque yo estoy enfermo..., y lo metieron para 1580, que se necesita por lo menos 6 mil pesos para pagar máquina para viajar”, dijo a Martí Noticias Andrés Avelino Domínguez Beltrán, exprisionero político y padre de Luis Andrés.
“La abogada hizo una apelación que no sé cómo no la han metido presa a ella, porque todos los incumplimientos, y todo lo que hizo mal el tribunal, lo expone”, añadió Avelino. De acuerdo con ese medio de prensa, que tuvo acceso al documento de la apelación, la abogada Leticia Yelena Martínez Rojas calificó de inconsistentes las pruebas presentadas durante el juicio.
Al recibir su sentencia en mayo pasado, Luis Andrés Domínguez Sardiñas aseguró que su condena estaba dictada incluso antes de la vista oral: “En el juicio quedó clara mi inocencia ya que el abogado destrozó todos los argumentos planteados por la Fiscalía. Debí haber salido absuelto y, sin embargo, quedé concluso para sentencia. Y ahora aquí está la prueba de que no hay justicia: me sancionaron a tres años de privación de libertad”.
Las irregularidades en los procesos judiciales y las injusticias en los casos de índole político se ponen de manifiesto a diario. La activista y presa política Donaida Pérez Paseiro, excarcelada en enero último tras el acuerdo entre el gobernante Miguel Díaz-Canel y expresidente norteamericano Joe Biden con mediación del Vaticano, fue citada el 5 de marzo ante la jueza de ejecución de Placetas.
El objetivo de la citación era coaccionarla para que cumpla con la vinculación laboral, una obligación cuando se otorga la libertad condicional. Sin embargo, la citación también sirvió para que la magistrada la advirtiera por sus publicaciones en redes sociales y que no hablara con la prensa independiente, las mismas amenazas que le hicieron en el momento de su excarcelación, dijo a Martí Noticias.