Por segundo mes consecutivo, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documenta un aumento alarmante de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba. En abril se registraron 112 agresiones, lo que representa un incremento del 16,67 % respecto al mes de marzo, cuando se registraron 96 violaciones.

Este repunte no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia estructural y planificada de represión sistemática que se intensifica a medida que el régimen enfrenta mayor cuestionamiento ciudadano. Las violaciones documentadas evidencian la existencia de un modelo totalitario sostenido por múltiples brazos represivos, cuya finalidad es sofocar cualquier disidencia o manifestación crítica.

Del total de agresiones en abril, 97 se relacionan con la libertad de expresión y 15 con la libertad de prensa. Entre los indicadores figuran: 55 detenciones arbitrarias, 33 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 14 usos abusivos del poder estatal, 4 restricciones en el espacio digital, 4 reclusiones y 2 agresiones físicas.

Las violaciones ocurrieron en diez provincias, siendo las más afectadas: Matanzas (36), La Habana (32), Villa Clara (21) y Mayabeque (7). Los principales perpetradores vuelven a ser los órganos represivos del Estado: la Seguridad del Estado participó en 67 casos, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en 56 y el sistema penitenciario en 9. Esta reiteración confirma que no se trata de abusos aislados, sino de una política de Estado orquestada y ejecutada con precisión para neutralizar la voz ciudadana.

Entre las víctimas se identificaron: 22 activistas, 9 periodistas, 7 presos políticos, 4 opositores, 3 ciudadanos, un artista/creador y dos organizaciones. Una de ellas fue el propio ICLEP, que recibió amenazas públicas desde un perfil falso en Facebook por parte de un simpatizante del régimen, y la otra, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuya sede fue saqueada y desconectada de internet tras la detención arbitraria de su líder José Daniel Ferrer y su familia.

Entre las víctimas, 26 son mujeres y 20 son hombres. Las Damas de Blanco continúan siendo uno de los principales objetivos del aparato represivo; sus integrantes fueron detenidas al menos en cuatro ocasiones durante el mes, con el fin de impedirles asistir a misa y orar por la libertad de los presos políticos. Del mismo modo, los opositores Ángel Moya y Félix Navarro también sufrieron detenciones reiteradas con el propósito de obstaculizar su participación en los oficios religiosos dominicales. Estos hechos reflejan una estrategia sostenida de persecución contra quienes ejercen el activismo cívico-religioso.

La Seguridad del Estado además puso bajo medida cautelar de prisión domiciliar e inició una investigación penal  contra la líder de las Damas de Blanca Berta Soler y su esposo el expreso político Ángel Moya por el presunto delito de “atentar contra el orden constitucional, la independencia y la soberanía de Cuba”, luego de que se reunieran con el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. Este hecho ilustra cómo el régimen criminaliza el derecho al diálogo internacional y reprime incluso los contactos diplomáticos legítimos.

Uno de los casos más crueles es el de la Dama de Blanco Sonia Álvarez, a quien se le impidió reiteradamente visitar a su hija, la presa política Saily Navarro, por vestir de blanco. Esta forma de castigo emocional y represalia política contra una madre revela el carácter profundamente inhumano del sistema represivo, que no duda en utilizar los lazos familiares como instrumentos de control.