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ICLEP
22 Jun, 2025
Récord represivo en abril: más de 100 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba
Cuba violaciones a la libertad de expresión y de prensa en abril 2025.
Por ICLEP
May 12, 2025 | 12:22 PM
Por segundo mes consecutivo, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documenta un aumento alarmante de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba. En abril se registraron 112 agresiones, lo que representa un incremento del 16,67 % respecto al mes de marzo, cuando se registraron 96 violaciones.
Este repunte no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia estructural y planificada de represión sistemática que se intensifica a medida que el régimen enfrenta mayor cuestionamiento ciudadano. Las violaciones documentadas evidencian la existencia de un modelo totalitario sostenido por múltiples brazos represivos, cuya finalidad es sofocar cualquier disidencia o manifestación crítica.
Del total de agresiones en abril, 97 se relacionan con la libertad de expresión y 15 con la libertad de prensa. Entre los indicadores figuran: 55 detenciones arbitrarias, 33 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 14 usos abusivos del poder estatal, 4 restricciones en el espacio digital, 4 reclusiones y 2 agresiones físicas.
Las violaciones ocurrieron en diez provincias, siendo las más afectadas: Matanzas (36), La Habana (32), Villa Clara (21) y Mayabeque (7). Los principales perpetradores vuelven a ser los órganos represivos del Estado: la Seguridad del Estado participó en 67 casos, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en 56 y el sistema penitenciario en 9. Esta reiteración confirma que no se trata de abusos aislados, sino de una política de Estado orquestada y ejecutada con precisión para neutralizar la voz ciudadana.
Entre las víctimas se identificaron: 22 activistas, 9 periodistas, 7 presos políticos, 4 opositores, 3 ciudadanos, un artista/creador y dos organizaciones. Una de ellas fue el propio ICLEP, que recibió amenazas públicas desde un perfil falso en Facebook por parte de un simpatizante del régimen, y la otra, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuya sede fue saqueada y desconectada de internet tras la detención arbitraria de su líder José Daniel Ferrer y su familia.
Entre las víctimas, 26 son mujeres y 20 son hombres. Las Damas de Blanco continúan siendo uno de los principales objetivos del aparato represivo; sus integrantes fueron detenidas al menos en cuatro ocasiones durante el mes, con el fin de impedirles asistir a misa y orar por la libertad de los presos políticos. Del mismo modo, los opositores Ángel Moya y Félix Navarro también sufrieron detenciones reiteradas con el propósito de obstaculizar su participación en los oficios religiosos dominicales. Estos hechos reflejan una estrategia sostenida de persecución contra quienes ejercen el activismo cívico-religioso.
La Seguridad del Estado además puso bajo medida cautelar de prisión domiciliar e inició una investigación penal contra la líder de las Damas de Blanca Berta Soler y su esposo el expreso político Ángel Moya por el presunto delito de “atentar contra el orden constitucional, la independencia y la soberanía de Cuba”, luego de que se reunieran con el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. Este hecho ilustra cómo el régimen criminaliza el derecho al diálogo internacional y reprime incluso los contactos diplomáticos legítimos.
Uno de los casos más crueles es el de la Dama de Blanco Sonia Álvarez, a quien se le impidió reiteradamente visitar a su hija, la presa política Saily Navarro, por vestir de blanco. Esta forma de castigo emocional y represalia política contra una madre revela el carácter profundamente inhumano del sistema represivo, que no duda en utilizar los lazos familiares como instrumentos de control.
Los ataques contra el ecosistema informativo independiente también se intensificaron. El periodista Carlos Michael Morales sufrió la extensión arbitraria de su sanción penal por cinco meses y el tribunal rechazó su contrato laboral privado mientras lo quiere obligar a vincularse al Estado, una práctica que simula legalidad, pero que encubre una forma de servidumbre forzada. La periodista de CubaNet Camila Acosta fue acosada por agentes sin identificación mientras cubría la procesión del Viernes Santo, y Adelth Bonne Gamboa denunció amenazas reiteradas en las redes sociales por parte de usuarios afines al régimen.
El reportero de 14ymedio Yadiel Hernández fue liberado tras pasar meses encarcelado injustamente en el Combinado del Sur, Matanzas. Su detención ocurrió mientras investigaba el tráfico de drogas en un preuniversitario. Aunque no fue procesado formalmente, se le impuso una fianza de 15 mil pesos cubanos, reflejo de una represión judicial que utiliza la coerción económica como castigo.
A raíz de la conmemoración del 1ro de mayo, varios periodistas y directores de medios comunitarios del ICLEP fueron sometidos a vigilancia y amenazas de encarcelamiento si salían de sus casas o cubrían las marchas oficiales. Este operativo de represión preventiva demuestra que el régimen no reacciona a los hechos, sino que planifica y ejecuta acciones represivas con antelación para garantizar el control total del relato público.
La censura también se trasladó a los medios estatales. A la gloria deportiva Omar Ajete le apagaron el micrófono en plena transmisión de un partido de béisbol por denunciar la falta de atención a exatletas. Asimismo, el historiador Julio César González Pagés fue excluido del programa "Alerta en Series" por sus análisis sobre desigualdad y violencia juvenil. Ambos casos reflejan la intolerancia absoluta del régimen ante cualquier crítica, incluso cuando proviene de figuras prestigiosas.
En las cárceles, el artista y rapero Nando Obdc (Fernando Almenares) fue trasladado a la prisión de San José de las Lajas –conocida como “la prisión del sida”– sin justificación médica alguna. El régimen pretende fabricarle una nueva causa penal tras el fracaso de la acusación inicial por terrorismo. Este traslado sin base sanitaria sugiere una intención deliberada de estigmatización y castigo psicológico, en represalia por las denuncias que ha realizado desde prisión.
Además de las violaciones directas a la libertad de expresión y de prensa, el ICLEP identificó vulneraciones sistemáticas a derechos fundamentales conexos, entre ellos: el derecho a la participación política y en la vida pública, el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la protección contra la detención arbitraria, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la manifestación libre de creencias y el derecho a la integridad y seguridad personal.
El aumento sostenido de agresiones en marzo y abril confirma que el régimen ha intensificado su doctrina de represión preventiva, castigo ejemplar y silenciamiento absoluto. Lejos de corregir sus fallas políticas, económicas y sociales, la dictadura redobla la violencia institucional para mantenerse en el poder. Los datos y testimonios aquí presentados no son simples cifras: son la evidencia viva de una nación que lucha por expresarse frente a un aparato totalitario que le niega voz, derechos y dignidad.
Desde el ICLEP reiteramos nuestro compromiso con la documentación rigurosa, la denuncia ética y la defensa activa de las libertades fundamentales. Continuaremos elevando las voces silenciadas y visibilizando ante la comunidad internacional la crudeza del sistema represivo cubano, en la convicción de que sin libertad de expresión no hay democracia posible.
