Después de cumplir una condena de nueve meses de cárcel tras participar en las protestas del 11J, Alexander Fábregas Milanés ha vuelto a ser detenido por la Seguridad del Estado y será acusado y enjuiciado por el supuesto delito de “propaganda contra el orden constitucional”.

En una publicación en su perfil de Facebook, la esposa del exprisionero del 11J, Mariam Prieto Rodríguez, relató que desde el pasado 17 de abril ella y su esposo se acuartelaron en su vivienda porque la Seguridad del Estado los quería arrestar por reclamar los derechos civiles que les corresponden como ciudadanos cubanos y sus constantes denuncias contra el régimen comunista.

De acuerdo con Mariam Prieto, su esposo tuvo que abandonar el acuartelamiento por problemas familiares para dirigirse a Sancti Spíritus y a su regreso a Santa Clara, en plena calle, fue secuestrado por la Seguridad del Estado el 27 de julio y conducido al cuartel de la policía política de la G2 en la carretera de Camajuaní, Santa Clara.

El 5 de agosto, Mariam decidió abandonar su acuartelamiento para presentarse en esta sede de la Seguridad del Estado para intentar ver a Alexander Fábregas. Luego de dos horas esperando, sin que la dejaran ver a su esposo, la llevaron a una habitación donde un oficial de la Seguridad y un civil la amenazaron con que “si seguía denunciando a los representantes del país y su crimen organizado me arrestarán por el delito de propaganda contra el orden constitucional”.

Miriam confirmó a Martí Noticias que Alexander será procesado y trasladado a prisión: “Lo van a llevar a juicio. Lo van a procesar por propaganda contra el orden constitucional. No me quisieron decir el nombre del fiscal y no me dijeron más nada. No me quisieron dar más datos... Solamente, amenazarme”.

Alexander Fábregas Milanés, de 34 años, cumplió una condena de 9 meses de prisión por el supuesto delito de “desórdenes públicos”, por haber realizado una transmisión en vivo en Facebook durante las protestas del 11J. Luego de salir de prisión, el opositor cubano recibió constantes amenazas de la Seguridad del Estado por sus publicaciones en redes sociales en contra del régimen.

La pasada semana fueron trasladados a la prisión del Combinado del Este los opositores cubanos José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García quienes desde junio último permanecían detenidos en Villa Marista también bajo acusaciones de “propaganda contra el orden constitucional”, por un video en el que salen lanzando proclamas.

La esposa de Pompa, Suarmi Hernández Vilar, dijo al ICLEP que ambos fueron llevados a prisión el 2 de agosto, pero todavía no se les ha comunicado nada sobre los procesos penales en su contra.

Este miércoles se conoció que el Tribunal Provincial de La Habana determinó que el próximo 12 de agosto se llevará a cabo el juicio contra la joven activista cubana Sulmira Martínez Pérez, encarcelada desde enero de este año por sus publicaciones en redes sociales animando a los cubanos a salir a las calles a protestar contra el régimen. La Fiscalía pide para la joven de 22 años una sanción de 10 años de privación de libertad por desacato y delitos contra el orden constitucional.

Norma Pérez, madre de la joven conocida en las redes como Salem, dijo a Martí Noticias que todavía la abogada de Sulmira no se ha presentado en la cárcel para entrevistarse con ella antes del juicio.

El periodista independiente Carlos Michael Morales, condenado el pasado julio a 8 meses de prisión domiciliaria por desobediencia, denunció este 7 de agosto que lo obligan a incorporarse a un centro laboral del Estado para comenzar a cumplir los 8 meses de trabajo correccional sin internamiento o de lo contrario deberá ir a la cárcel.

En su cuenta en X Carlos Michael aclaró: “En el día de hoy se tomó la primera acción represiva contra mi persona en el Tribunal Municipal, no se ratificó mi sanción de 8 meses de prisión domiciliar porque se me obliga a trabajar con el Estado y por ende la sanción se alarga de momento un mes más sería ahora 9 meses”.

Según sus declaraciones a Martí Noticias, durante una citación el presidente del Tribunal Municipal, Sandro Rodríguez, se negó a aceptar su resumen médico en el que se detalla su delicado estado de salud luego de 27 días en huelga de hambre antes de ser enjuiciado: “Yo le manifesté que debido a la huelga de hambre que yo había realizado, estaba presentando síntomas y patologías que tenían a los médicos algo alarmados y que me estaban realizando un chequeo profundo. También debo ser valorado por varios especialistas, suficiente como para no poder laborar en este momento ni con el Estado ni en el sector particular, pero el funcionario no aceptó este resumen médico con su cuño oficial del Policlínico # 1”.

La situación de los presos cubanos dentro de las cárceles de la isla también es alarmante, muchos permanecen bajo constantes amenazas y agresiones físicas y psicológicas. En una comunicación con el opositor Juan Carlos González Leyva a la que tuvo acceso el ICLEP, el preso común Orestes Pérez Rodríguez denunció, desde la prisión El Típico en Las Tunas, que el pasado 5 de agosto pidió a un guardia de la cárcel que lo llevara al puesto médico porque se sentía mal, sin embargo, este lo llevó ante el jefe de pelotón de nombre Yulián.

“Me llevó para la cama turca, donde torturan a la gente. Fui amenazado con que me iban a moler a golpes si yo seguía denunciando, que yo lo que me estaba buscando era que me mandaran para otra provincia por las denuncias que he hecho. A los esbirros militares no les gustas que le digan la verdad”, dijo Orestes Pérez Rodríguez.

El preso tiene una condena conjunta de 22 años de los que ha cumplido 6, y refiere que en esa prisión los torturan constantemente, hay una pésima alimentación y les han negado hasta productos de aseo personal, cuestiones que ha denunciado.