Mayabeque, Cuba- La Dama de Blanco y presa política Yaquelín Heredia Morales fue amenazada por las autoridades de la cárcel Cuba-Panamá, donde se encuentra recluida, por denunciar telefónicamente las violaciones que se comenten en su contra y con el resto de los reclusos en dicho penal.

Yaquelín sistemáticamente ha denunciado la mala alimentación y la falta de medicamentos en esa prisión ubicada en el municipio de Güines y destinada a pacientes de VIH, así como los malos tratos por parte de los guardias del centro penitenciario

“Mi salud está muy mal, estoy pidiendo que me cambien los tratamientos, que me lleven al médico (…). La presión no me baja. Para el azúcar no hay medicamento ninguno (…) y por mi estado de salud, por la enfermedad que tengo, es muy peligroso. Lo que dan de comida todos los días es una pasta cruda, que no se puede comer. Los tratos son muy malos y desde que estoy denunciando, las amenazas para mí son severas y están tomando sus propios procedimientos en mi contra”, dijo en una llamada telefónica realizada desde el penal y publicada en Facebook el 17 de octubre por el ex preso político Ángel Moya.

La Dama de Blanco explicó que ha sido amenazada por la Seguridad del Estado y las autoridades penitenciarias con ser enviada a celda de castigo o fabricarle una nueva causa si continuaba con sus exigencias y denuncias. También como represalia le han provocado enfrentamientos con reclusas comunes y le niegan las llamadas telefónicas y visitas conyugales con su esposo Carlos Alberto Álvarez, preso político encarcelado en el penal 1580 (El Pitirre) de La Habana.

Yaquelín cumplió prisión en 2016 por su activismo y el pasado 3 de junio fue detenida junto a su esposo por una supuesta amenaza a un vecino. Por esta razón le fue revocada la sanción de tres años de privación de libertad sin internamiento que le fuera impuesta a inicios de 2022 y devuelta a la cárcel, donde permanece hasta la fecha.

Organizaciones de derechos humanos en la Isla como Cubalex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas han registrado sistemáticamente la práctica represiva de privar a los reclusos de su derecho a las llamadas telefónicas, sobre todo con aquellos que realizan denuncias de las malas condiciones y violaciones a las que es sometida la población penal en Cuba.