Fernando Michel Barzaga Mompié. Foto: Martí Noticias.
Por ICLEP
Mar 11, 2026 | 11:30 AM
Granma, Cuba — 11/03/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente un nuevo hecho represivo ocurrido el 4 de marzo en la prisión de San Ramón, en la provincia de Granma, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, Fernando Michel Barzaga Mompié, preso político cubano y manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021, fue objeto de amenazas, presiones y violaciones a sus derechos penitenciarios por parte de autoridades de la cárcel, como represalia por denunciar públicamente abusos contra otros dos reclusos.
Hechos documentados
Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
El preso político Fernando Michel Barzaga Mompié denunció a través de un audio enviado a la redacción del medio ClickCuba que fue conducido a una pequeña oficina dentro del penal el 4 de marzo, donde varios oficiales lo confrontaron tras sus recientes denuncias públicas sobre lo ocurrido el 1 de marzo en celda de castigo, cuando dos reclusos de esa prisión intentaron suicidarse.
De acuerdo con el testimonio del prisionero político, en la reunión estuvieron presentes Rogelio, identificado como jefe provincial de cárceles y prisiones de Granma; el mayor Alexei, jefe de la prisión de San Ramón; un oficial de alto rango presuntamente vinculado al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI); un agente vestido de civil; y el mayor Fidel, jefe de orden interior del penal.
Durante el encuentro, Barzaga Mompié fue sometido a presiones y advertencias por haber denunciado públicamente los abusos ocurridos en el área de castigo de la prisión. Según su relato, los oficiales intentaron obligarlo a ponerse el uniforme penitenciario, a pesar de que padece dermatitis alérgica por contacto, una condición médica que, según explicó, se agrava con el tipo de tela utilizada en la ropa de los reclusos.
El preso político afirmó que, durante la reunión, uno de los oficiales puso en altavoz una llamada telefónica con un responsable de los servicios médicos del penal, quien aseguró que el uso del uniforme no representaba un riesgo para su salud. Sin embargo, Barzaga Mompié sostuvo que esa afirmación contradice su diagnóstico médico y que las autoridades penitenciarias estarían ignorando deliberadamente su condición médica para ejercer presión sobre él.
En medio del intercambio, el mayor Fidel, jefe de orden interior de la prisión, le advirtió que no recibiría alimentos si se negaba a utilizar el uniforme penitenciario, lo cual el preso político interpretó como una forma directa de coerción y amenaza contra su integridad física, especialmente considerando las precarias condiciones alimentarias que predominan en el sistema penitenciario cubano.
Asimismo, Barzaga Mompié denunció que Rogelio, jefe provincial de cárceles y prisiones de Granma, lo amenazó con trasladarlo a otra provincia si continuaba denunciando públicamente las condiciones y abusos dentro del penal. Según el prisionero político, el funcionario expresó explícitamente que no le preocupaban las denuncias que él pudiera realizar ante periodistas, opositores o activistas en el exilio, en lo que constituye una clara advertencia de represalias por ejercer su derecho a denunciar violaciones de derechos humanos.
Los hechos iniciales denunciados por el preso político Fernando Michel Barzaga Mompié ocurrieron alrededor de las siete de la noche del 1 de marzo, en una celda de castigo de dicha prisión. Según relata el preso político, dos reclusos identificados como Roberto, conocido como “Robert”, y Giovanni Pérez Martínez se prendieron fuego tras varios días de presiones y arbitrariedades dentro del sistema penitenciario.
Barzaga Mompié explicó que ambos reclusos se envolvieron en sus colchones y les prendieron fuego dentro de la celda de castigo, en un acto desesperado que, según su versión, estuvo motivado por la situación de injusticia y el trato inhumano que enfrentaban. Cuando los oficiales detectaron el incendio, las llamas ya habían provocado graves daños.
En el audio, el preso político afirma que ambos reclusos quedaron gravemente heridos y se encontraban entre la vida y la muerte, describiendo el hecho como consecuencia directa de lo que calificó como “la injusticia” y el “carácter inhumano” del sistema penitenciario cubano.
Según el relato de Barzaga Mompié, ambos presos habrían sido víctimas de decisiones arbitrarias por parte de las autoridades penitenciarias. En el caso de Roberto (“Robert”), denuncia que fue devuelto al penal desde un régimen de mínima severidad, bajo la acusación de haber sido cómplice en la fuga de otro recluso.
Respecto a Giovanni Martínez, natural de Manzanillo, el preso político explicó que el recluso llevaba seis días sin poder comunicarse con su familia. De acuerdo con el testimonio, Giovanni solicitó autorización para llamar a su madre al capitán identificado como Jesús, pero la respuesta que recibió fue una amenaza. Según el audio enviado por Barzaga Mompié, el oficial le dijo que lo iba a “soldar en la celda”, además de sugerirle que se comprara un teléfono celular si quería comunicarse con su familia.
Junto con el audio, la redacción del medio también recibió la fotografía de una nota manuscrita que Giovanni habría entregado a otro preso para que la hiciera llegar a su madre. En el texto, el recluso expresa su angustia por la falta de comunicación con su familia y la negativa de las autoridades penitenciarias a permitirle realizar una llamada telefónica. La nota, escrita con una letra temblorosa, refleja el estado de desesperación emocional que atravesaba antes del intento de suicidio.
El caso ha sido documentado a partir del testimonio del propio preso político al medio independiente ClickCuba, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:
- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas
- Uso abusivo del poder estatal
y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
La Constitución de la República de Cuba reconoce en su Artículo 54 que el Estado garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, lo cual incluye el derecho a expresar criterios y denunciar situaciones de interés público. Las amenazas y represalias contra un preso por denunciar abusos constituyen una restricción ilegítima de este derecho.
Asimismo, el Artículo 41 establece que el Estado reconoce y garantiza el disfrute y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.
El Artículo 51 reconoce el derecho de todas las personas a la protección de su salud, mientras que el Artículo 95establece que las personas privadas de libertad deben ser tratadas con respeto a su dignidad humana y a sus derechos fundamentales.
Las amenazas de privación de alimentos, el desconocimiento de condiciones médicas y las represalias por denunciar abusos contravienen directamente estos principios constitucionales.
En el plano internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, reconoce el derecho de toda persona a investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio.
De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, establece que nadie debe ser molestado a causa de sus opiniones y protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin consideración de fronteras.
Llamado del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige a las autoridades cubanas el cese inmediato de las amenazas, presiones y represalias contra el preso político Fernando Michel Barzaga Mompié por denunciar violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
El ICLEP exige además que se investiguen de manera independiente los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2026 en la prisión de San Ramón, incluyendo las circunstancias que llevaron a los reclusos Roberto y Giovanni Pérez Martínez al intento de suicidio.
Asimismo, el ICLEP insta al Estado cubano a garantizar que las personas privadas de libertad puedan denunciar abusos y comunicarse con sus familias sin sufrir represalias, así como a respetar las normas internacionales sobre el trato digno a los reclusos.
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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