Amenazan con prisión y hasta pena de muerte a activistas en Pinar del Río
ICLEP
23 Feb, 2026
Amenazan con prisión y hasta pena de muerte a activistas en Pinar del Río
Activistas amenazados en Pinar del Río. Foto: Facebook / Directorio
Por ICLEP
Feb 23, 2026 | 2:20 PM
Pinar del Río, Cuba — 23/02/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente un nuevo hecho represivo ocurrido los días 10 y 13 de febrero de 2026 en San Juan, Pinar del Río, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, los activistas Katia Hernández Torres, Irina León, Lisandra Orraca y Esteban Ajete Abascal, miembros del Partido Republicano de Cuba, fueron objeto de citación policial, interrogatorios y amenazas graves de prisión, cadena perpetua e incluso pena de muerte, como represalia por su activismo pacífico, su labor en defensa de los derechos humanos y de los campesinos cubanos, y por ejercer públicamente su derecho a expresarse y organizarse.
Hechos documentados
Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
El 10 de febrero de 2026, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba denunciaron que cuatro activistas opositores en la provincia de Pinar del Río —Katia Hernández Torres, Irina León, Lisandra Orraca y Esteban Ajete Abascal— fueron citados e interrogados en la sede del Departamento Técnico de Investigación (DTI).
Durante el interrogatorio, un oficial que se identificó como Mayor “Ernesto” les advirtió explícitamente que podían enfrentar condenas de 10, 20 o hasta 30 años de prisión, cadena perpetua e incluso la pena de muerte. El oficial argumentó que cualquier acción opositora podría ser considerada como “terrorismo” y, además, los responsabilizó de manera anticipada por cualquier incidente que pudiera afectar a funcionarios del Estado, configurando una amenaza directa y una forma de intimidación psicológica.
Las organizaciones denunciantes señalaron que los activistas desarrollan una labor pacífica centrada en la defensa de los derechos humanos, la promoción de libertades fundamentales y la exigencia de mejores condiciones de vida para los campesinos cubanos, así como el respeto al fruto de su trabajo.
Posteriormente, el 13 de febrero de 2026, Katia Hernández Torres —directora de FLAMUR en la zona rural y vocera del Partido Republicano de Cuba en el municipio de Los Palacios— realizó una denuncia pública en la que responsabilizó directamente a los órganos de la Seguridad del Estado en Pinar del Río por cualquier daño que pudiera ocurrir contra ella o su esposo, Esteban Ajete Abascal, periodista independiente y presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba.
Hernández Torres declaró que tras la citación al DTI ambos recibieron nuevas amenazas verbales mediante audios enviados por un individuo que incita a la violencia y asegura que serán víctimas de agresiones físicas.
Según su testimonio, estos audios fueron entregados a personas de confianza dentro y fuera de Cuba, con instrucciones de hacerlos públicos de inmediato si llegara a sucederles algo. En su denuncia, afirmó que las amenazas buscan no solo silenciar sus voces, sino también coartar su libertad de movimiento y sembrar miedo en sus vidas, y dejó constancia pública para que se identifique claramente a los responsables directos de cualquier agresión, desaparición o daño contra ellos.
El caso ha sido documentado a partir de denuncias públicas realizadas por el Partido Republicano de Cuba y por declaraciones directas de una de las víctimas, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:
- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas
y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
El ICLEP considera que los hechos documentados constituyen una vulneración directa de disposiciones expresas de la Constitución de la República de Cuba y evidencian el uso instrumental de normas de rango inferior para restringir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de asociación política pacífica.
En primer lugar, se vulnera el Artículo 54, que reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Las amenazas de prisión, cadena perpetua o pena de muerte por el ejercicio pacífico del activismo político constituyen una forma de coerción incompatible con este derecho fundamental.
Se vulnera igualmente el Artículo 56, que garantiza los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. La citación e intimidación de miembros de organizaciones políticas y sociales por su activismo constituye una interferencia ilegítima en el ejercicio de estos derechos.
Asimismo, se ignora la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, que consagra el derecho de toda persona a “investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, que prohíbe que alguien sea molestado por sus opiniones y protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin consideración de fronteras.
Llamado del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige el cese inmediato de estas prácticas represivas y la garantía plena del derecho de periodistas, medios comunitarios y ciudadanos cubanos a expresarse sin temor a represalias.
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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