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Arresto y amenazas contra miembro del FANTU por documentar abuso estatal en Sancti Spíritus

Adriano Castañeda Meneses. Foto: Facebook / Cuba Antitotalitaria.

Por ICLEP

Apr 7, 2026 | 9:55 PM


Sancti Spíritus, Cuba — 7/04/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente un nuevo hecho represivo ocurrido el día 29 de marzo en Sancti Spíritus, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.

De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, Adriano Castañeda Meneses, coordinador del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue objeto de detención arbitraria, amenazas e intimidación por parte de agentes estatales y paramilitares, como represalia por documentar con su teléfono móvil la imposición de una multa arbitraria a un trabajador por cuenta propia.

 

Hechos documentados

Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:00 a.m. del 29 de marzo en la Feria Agropecuaria “Delio Luna Echemendía”, en Sancti Spíritus, cuando Adriano Castañeda Meneses filmaba con su teléfono móvil el momento en que dos inspectoras estatales imponían una multa arbitraria a un vendedor.

Una de las inspectoras, identificada como Yanisei Gallo, reaccionó de forma prepotente al percatarse de que estaba siendo grabada, acusando a Castañeda de haberla expuesto previamente en redes sociales y amenazándolo con denunciarlo por filmarla sin su consentimiento. Ante esto, el activista defendió su derecho a utilizar su teléfono móvil.

Posteriormente, un individuo vestido parcialmente con prendas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), pero sin identificación visible, se acercó exigiendo la entrega del teléfono. Al negarse Castañeda Meneses a entregar el dispositivo sin que el sujeto se identificara como autoridad competente, este lo amenazó con golpearlo y arrebatarle el móvil por la fuerza.

La confrontación ocurrió ante numerosos testigos, algunos de los cuales exigieron al individuo que se identificara. El sujeto continuó hostigando y persiguiendo al activista incluso cuando este intentó retirarse del lugar, llegando a sujetarlo violentamente por la nuca.

A la salida de la feria, el individuo entregó a Castañeda a agentes uniformados de la PNR, quienes lo trasladaron a la Primera Unidad de la PNR en Sancti Spíritus. Allí permaneció retenido durante aproximadamente una hora y cuarenta minutos.

Durante su detención fue interrogado por oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos el Teniente Coronel Misael Sánchez Dorta, jefe de la Dirección de Contrainteligencia del MININT en la provincia, y otro agente de civil previamente vinculado a su seguimiento. En el interrogatorio, los oficiales abordaron temas relacionados con su activismo político, sus publicaciones críticas al gobierno y supuestos vínculos con hechos ocurridos en centros penitenciarios.

El oficial Sánchez Dorta emitió amenazas directas, advirtiendo que el activista podría enfrentar una larga condena de prisión por sus actividades opositoras y su presunta vinculación con hechos catalogados por las autoridades como “terroristas”.

Posteriormente, Castañeda Meneses fue presionado para firmar un documento de “compromiso” que incluía restricciones como no fotografiar funcionarios del Estado ni divulgar imágenes de estos. El activista se negó a firmar dicho documento por considerarlo una violación de su libertad de expresión.

El caso ha sido documentado a partir de la denuncia pública del FANTU, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.

 

Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)

De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:

- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas

- Agresión física

- Detención arbitraria

y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.

 

Marco constitucional e internacional vulnerado

El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

En primer lugar, la Constitución de la República de Cuba reconoce en su Artículo 54 la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, derecho vulnerado al impedir y sancionar la documentación de un acto de interés público; el Artículo 53 garantiza el acceso a la información y la posibilidad de recibirla y difundirla, lo cual resulta incompatible con la prohibición de grabar a funcionarios públicos; y el Artículo 95 dispone que toda persona detenida debe ser tratada con respeto a su dignidad e integridad, principio transgredido mediante amenazas y coacción psicológica.

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, consagra el derecho de toda persona a “investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”.

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, prohíbe que alguien sea molestado por sus opiniones y protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin consideración de fronteras.

 

Llamado del ICLEP

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige el cese inmediato de las acciones represivas contra Adriano Castañeda Meneses y el respeto pleno a su derecho a documentar y denunciar hechos de interés público sin ser objeto de intimidación, amenazas o detenciones arbitrarias.

El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:

- den seguimiento a este caso,

- exijan responsabilidades al Estado cubano, y

- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

 

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

Canales oficiales del ICLEP

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