La Habana, Cuba - Tres nuevos proyectos de leyes, entre ellos el de Comunicación Social, fueron publicados por la Asamblea Nacional de Cuba en su sitio web, además de correos electrónicos habilitados con el objetivo de incentivar la participación del pueblo en la legislatura del régimen.

De acuerdo con el diario oficial Granma, el Proyecto de Ley de Comunicación Social tiene entre sus principales objetivos “establecer las normas generales destinadas a articular el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales”.

Esta nueva legislación pretende “reconocer” la libertad de prensa que establece la Constitución de la República de Cuba (artículo 55), según el régimen, un “derecho que se ejerce de conformidad con los fines de la sociedad”; y también “los principios de organización y funcionamiento para los medios de comunicación social en el país”.

Precisamente, el pasado mes de julio el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció, lo que fue en aquel momento, el anteproyecto de ley de Comunicación Social debido a que, entre otras cuestiones contrarias a la prensa independiente, no reconoce otro tipo de propiedad sobre los medios de comunicación locales que no sea la estatal.

El Parlamento cubano publicó también los textos del Proyecto de Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería y el de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social.

El primero, establece “el régimen jurídico general para el fomento y desarrollo sostenible de la ganadería, sus principios, las responsabilidades, derechos y obligaciones de los sujetos que participan en la gestión integral de esta; así como, lo relativo a los registros públicos de la ganadería, el patrimonio genético y la inspección pecuaria”.

Y el segundo, propone “regular la expropiación forzosa por razones de utilidad pública o interés social” y establecer (en esa Ley) “las bases para determinar la utilidad y necesidad de la expropiación forzosa, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación, en lo que no corresponde a los tribunales, y la forma de indemnización”.

Los tres nuevos proyectos de leyes serán analizados y discutidos por los diputados, para posteriormente ser presentados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, totalmente parcializada con las políticas de la dictadura.