Durante octubre el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró un total de 74 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, un número que significa un incremento del 105.56% respecto al pasado mes. La fuerte escalada represiva del régimen contra periodistas y ciudadanos que salieron a protestar a las calles ante la crisis energética que consume al país, incidieron considerablemente en este aumento.

Del total de hechos violatorios, 28 estuvieron realcionados con la libertad de prensa y 46 libertad de expresión. Igualmente, se reportan 27 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 18 detenciones arbitrarias, 11 usos abusivos del poder estatal, 8 restricciones en el espacio digital, 6 reclusiones y 4 agresiones físicas. La Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria fueron los principales órganos represores.

En diez provincias de la isla se documentaron violaciones a la libertad de expresión y de prensa, siendo La Habana (21), Villa Clara (21), Las Tunas (7), Guantánamo (6), Artemisa (5), Sancti Spíritus (5) y Camagüey (4) las de mayor incidencia. Justamente en Manicaragua, Villa Clara, tuvo lugar una protesta el 21 de octubre frente a la sede del gobierno municipal en medio del colapso energético nacional, tras la cual fueron arrestados varios ciudadanos que trasladaron a la cárcel La Pendiente al imponérseles prisión preventiva.

Entre las víctivas de estas agresiones, 37 hombre y 11 mujeres, figuran 17 periodistas, 16 ciudadanos, 8 presos políticos, 4 opositores, 3 activistas y 3 creadores de contenido. Es importante resaltar que la gran mayoría de las personas arrestadas por protestar pacíficamente contra los apagones no estaban vinculadas a ninguna organización opositora o contraria al régimen, simplemente eran ciudadanos haciendo un justo reclamo antes las carencias y necesidades que se viven en el país arreciadas por la crisis energética.

Preocupante resultó durante octubre la escalada represiva que continuó la dictadura contra los periodistas y colaboradores de medios independientes como CubaNet, El Toque y Periodismo de Barrio. Varios de ellos luego de ser interrogados, amenezados y grabados auto inculpándose de delitos que no cometerion, fueron obligados a renunciar públicamente en redes sociales a su trabajo con estos medios.

También los directores y periodistas de los medios comunitarios del ICLEP, Juan Manuel Moreno Borrego (Amanecer Habanero), Orlidia Barceló Pérez (El Espirituano), Mabel Páez Díaz (El Majadero de Artemisa) y Antonio Suárez Fonticiella (Páginas Villareñas), fueron citados simultáneamente en sus provincias, interrogatorios y amenazados para que no continuaran con su labor.

Incluso en medio del colapso energético y con falta de combustible, el régimen destinó recursos a vigilar, acosar y reprimir periodistas y colaboradores de medios independientes y del ICLEP.

La censura también se puso de manifiesto ese mes, el régimen cubano censuró al joven Osmel González por la creación de una serie en YouTube que retrataba la realidad de la isla, basándose en la nueva Ley de Comunicación Social que constituye absoluta violación a los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información en Cuba. Un caso que no se debe pasar por alto fue el de dos youtubers peruanos que durante su viaje a La Habana fueron interrogados y deportados a su país por grabar videos en la capital, con lo que se evidencia que no solo los nacionales pueden ser víctimas del férreo control de la dictadura.

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo el juicio contra Ana Ibis Tristá Padilla, que enfrentaba una petición fiscal de 12 años de privación de libertad, Félix Daniel Pérez Ruiz, a quien pedían siete años de prisión, Christian de Jesús Peña Aguilera, cinco años, y Jarol Varona Agüero, 10 años de cárcel, todos enjuiciados bajo los supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la Seguridad del Estado” por poner carteles antigubernamentales en Las Tunas.

Las amenazas a los presos políticos continúan, el periodista independiente Carlos Michael Morales, quien cumple una sanción de ocho meses de prisión domiciliaria, recibió un nuevo ultimátum, comienza a trabajar para el Estado o irá a prisión a cumplir los meses que le quedan de su condena. Pedro Luis Fernández Peralta, Coordinador Municipal del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) “Diez de Octubre” en La Habana fue amenazado por la Seguridad del Estado luego de que se negara a servirle a la policía política como delator. El preso político Luis Robles Elizástigui, con una condena de cinco años de cárcel por los supuestos delitos de “propaganda enemiga” y “desobediencia”, fue amenazado por la Seguridad del Estado por las denuncias que hace su madre a través de las redes sociales para exigir su libertad. También se le negó la libertad condicional al preso político y animalista Gustavo Mena Artola, condenado a dos años de prisión por desacato debido a publicaciones en Facebook

La represión del régimen cubano se extiende a cualquier frente en el que por asomo vean algún peligro que amenace su permanencia en el poder. Las violaciones a la libertad de expresión y prensa ocurridas durante el mes de octubre evidencian claramente que la dictadura no escatima en esfuerzos para silenciar a sus ciudadanos. Ya no se trata solo acallar a los periodistas y colaboradores de la prensa independiente, sino a cualquiera que cuestione de manera abierta y pública la realidad existente en Cuba o exija sus derechos.

Desde el ICLEP hacemos un llamado a los cubanos a continuar denunciando públicamente estas agresiones, y pedimos a las organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de comunicación que continúen visibilizando las violaciones a la libertad de expresión y prensa que se cometen en la isla.