La Habana, Cuba - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Félix Navarro Rodríguez, quien se encuentra recluido por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

La Resolución 37/22, emitida el pasado 28 de julio por la organización de derechos humanos, consideró que el prisionero “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgos de daño irreparables”.

Navarro Rodríguez, de 69 años de edad y residente en el municipio de Perico, en la provincia de Matanzas, padece de diabetes mellitus y no cuenta con el medicamento glibenclamida, fármaco que debe de ingerir tres veces al día para aliviar la enfermedad. Además, presenta una lesión pulmonar crónica, agravada tras contraer Covid-19 en prisión en agosto de 2021.

El activista, presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, fue condenado a 9 años de privación de libertad, por los supuestos delitos de “atentado” y “desórdenes públicos”, sanción que cumple en el centro penitenciario de máxima seguridad de Agüica, en la occidental provincia.

El informe de medidas cautelares No. 768-21 a favor del activista, señala que recientemente en el mes de julio “padecía de fiebres altas, inapetencia y catarro, además de haber perdido mucha masa corporal”, según informó Sonia Álvarez, cónyuge de Félix.

En ese propio mes, las autoridades sanitarias del penal indicaron que el recluso “no tendría disponibilidad de medicamentos simples y tampoco acceso a consultas médicas con especialistas”, indicó el documento.

Por tanto, la organización no gubernamental solicitó al régimen cubano que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Félix Navarro Rodríguez”, y que considere “su edad y condición médica”, entre otros.

La CIDH es un órgano perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), surgida al amparo de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La organización conformada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA tiene entre sus funciones promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano.