Raymar Aguado Hernández, uno de los activistas interrogados. Foto tomada de su perfil en Facebook.
Por ICLEP
Jun 12, 2025 | 1:00 PM
Las protestas en las universidades cubanas contra el incremento de las tarifas en el servicio de internet por datos móviles impuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA) continúan, y la respuesta de la dictadura ha sido desplegar todo su aparato represivo contra los estudiantes y también contra aquellos activistas que a través de las redes sociales les han mostrado su apoyo públicamente.
Durante esta semana han incrementado las denuncias por el acoso y hostigamiento de la Seguridad del Estados en los campus universitarios, las amenazas y censura contra los estudiantes y las citaciones a interrogatorio que han recibido algunos activistas.
La cesura se ha puesto de manifiesto incluso en las redes sociales, una publicación del 9 de junio en la página institucional en Facebook de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo fue borrada luego de que los propios estudiantes en lo comentarios comenzaran a exigir que dicha publicación reflejara el descontento, la inconformidad y las críticas que habían expresado contra el tarifazo de ETECSA. La publicación, con un corte oficialista, presentaba lo sucedido como un diálogo entre la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la dirección del centro sin incluir los reclamos de los universitarios.
Varios videos de este encuentro se filtraron en redes y en ellos los estudiantes reclaman que están siendo intimidados al igual que sus familiares por oponerse al tarifazo y consideran las medidas de ETECSA solo conducen a más desigualdad y discriminación entre la población cubana.
“Los estudiantes que denunciaron el acoso de la Seguridad pidieron públicamente protección por parte de la escuela y ellos dijeron que hay que dejar que la Seguridad del Estado trabaje como ellos crean, hay muchos estudiantes con miedo”, dijo la fuente anónima que hizo llegar los videos al usuario conocido como San Memero.
En otro de los videos se ve el momento en el que una estudiante cuestiona la presencia de la Seguridad del Estado en dicha institución sin que los directivos del centro hagan nada al respecto, y pidió que la policía política tuviera un poco “tacto, delicadeza y educación” tras ser acosada por un represor.
En una carta abierta con fecha 10 de junio, la comunidad estudiantil de Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas realizó varias denuncias, entra ellas la censura institucional: “Bajo la dirección de la Dra. Aleida Suárez Ramírez, los medios universitarios (Radio UCLV y Criollito) han silenciado análisis críticos sobre la actuación del profesorado durante las recientes protestas estudiantiles, suprimiendo el debate plural”.
También denunciaron la criminalización de sus protestas pacíficas: “Rechazamos la presencia desproporcionada de agentes de Seguridad del Estado en campus universitario, cuyo objetivo evidente es intimidar y reprimir el legítimo derecho a la libre expresión”. Asimismo, condenaron “el uso de recursos públicos (equipos tecnológicos, privilegios) para premiar a estudiantes que delatan actividades de disenso legítimo, fracturando la unidad académica”.
Una de las estrategias de los directivos en varias universidades y de la prensa oficialista ha sido presentar como falsas las declaraciones del estudiantado en protesta por el tarifazo de ETECSA. El 9 de junio un estudiante de la Carrera de Historia del Arte de la Universidad de Oriente denunció que a través de la página institucional en Facebook de dicho centro intentaron minimizar y presentar como falsa la información de que esta facultad se sumó al reclamo por las altas tarifas de ETECSA, lo que era conocido incluso por profesores de la carrera e incluso la dirección de la FEU.
Al menos dos activistas fueron citados a interrogatorio por la Seguridad del Estado por respaldar a los estudiantes. El 10 de junio se presentó en la vivienda del joven Raymar Aguado Hernández, Oribel Díaz, quien se presentó como Jefe de Sector de Cayo Hueso para entregarle una citación para el día 11 en la estación de Zanja y Dragones. Tras su negativa a firmarla se lo comunicó de forma verbal y lo amenazó con que si no asistía por voluntad propia lo vendría a buscar por “otras vías”.
En un segundo post en su perfil en Facebook, Raymar relató lo sucedido: “La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en complicidad con el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) me impone un "Acta de Advertencia" bajo el supuesto de "Incitación a delinquir" tras mi apoyo al paro universitario y contra el tarifazo de ETECSA. Hoy, miércoles 11 de junio alrededor de las 11:00 am, una oficial de la PNR — que no se identificó — se presentó en mi vivienda para informarme que en los bajos de mi edificio me esperaba una patrulla para trasladarme a la estación de Zanja y Dragones con el fin ser sometido a un interrogatorio. En el vehículo me esperaban el Capitán del DSE que se hace nombrar Jorge y otro que se negó a identificarse, aunque luego pude comprobar que lleva los grados de Primer Teniente. El segundo, desde un primer momento se presentó desafiante, llegando a gritarme y amenazarme con ponerme las esposas”.
Ya en la estación de la policía sobrevino una avalancha de amenazas y ofensas contra Raymar: “Al llegar a la estación de Zanja fui trasladado a la oficina de un Mayor de la PNR quien no se identificó y se mostró alterado y ofensivo. Los oficiales del DSE siguieron el mismo rumbo y comenzaron a lanzar sobre mí todo tipo de escarnios y amenazas, frente a las cuales, como de costumbre, me mostré risueño y sarcástico. Me acusaban de los tópicos comunes: «contrarrevolucionario, anticubano, fracasado, mercenario» y tantos etcéteras caducos ante los que, por supuesto, mis carcajadas no se hicieron esperar”.
Un oficial de nombre Anselmo Nuñez de Dios, mayor de la PNR, fue el encargado de redactar el "Acta de Advertencia". En la misma se le acusaba de “incitar a los jóvenes universitarios a defender sus derechos recogidos en los estatutos de las universidades cubanas lo cual era un acto de incitación a delinquir y al desorden”.
Fue trasladado a un cuarto caluroso y sin ventilación que ellos llamaron “muy fresquito” para intentar sacarlo del paso, lo amenazaron con enviarlo al cuartel de la Seguridad del Estado conocido como Villa Marista e intentaron presionar a su padre en un interrogatorio para que lo presionara a abandonar su activismo mostrándole fotos de sus publicaciones en redes.
La investigadora y editora Miryorly García también fue citada a interrogatorio el 10 de junio en la unidad de la policía de El Cotorro por mostrar públicamente su apoyo a los universitarios: “Citada, con solo 45 minutos de antelación (están apretando con la violación de procedimientos). Segundo, aprendan a escribir mi nombre, sé que es difícil, pero está mal. Y tercero, voy a sentarme y mirarles la cara, no tengo nada que ocultar pero tampoco nada que decir. Si quieren saber cómo pienso, solo tienen que leerme en Facebook. Mi apoyo total a los estudiantes que han levantado su voz por todo un pueblo”, denunció en su perfil en Facebook.
En otra publicación tras el interrogatorio añadió que “el objetivo detrás de la citación que me hicieron este 10 de junio era levantarme un acta de advertencia, con cuyo texto, colmado de falsedades, no estuve de acuerdo y por supuesto, no firmé. En el acta, se me acusaba de replicar publicaciones con convocatorias que incitan al desorden público. También se cuestionó la veracidad del contenido de esas publicaciones (...) Se me advirtió que de continuar publicando sería acusada por desobediencia”.