La Habana, Cuba - Tras la reciente intervención de Cuba en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el grupo de asesoría legal Cubalex desmintió los argumentos expuestos por la delegación cubana y recordó la gran cantidad de violaciones que acumula La Habana en derechos humanos.

En un escrito publicado en su sitio web, Cubalex mencionó que la representación de Cuba  en el EPU dijo que la ley “prohíbe las detenciones arbitrarias y establece las condiciones para la detención de una persona”, en tanto, recordó que tanto ese como “otros incidentes represivos asociados a estas prácticas son hoy un alarmante testimonio de las reiteradas violaciones a los derechos humanos en Cuba”.

Precisamente, desde 2022 hasta la fecha el equipo de la organización independiente ha recogido 906 detenciones arbitrarias, lo que equivale a más de una detención por día; 466 personas detenidas arbitrariamente y 44 desapariciones forzadas, en los casos en que las personas detenidas han estado en paradero desconocido por más de un día.

Destacaron los casos de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler y el ex preso político del Grupo de los 75, Ángel Moya, detenidos arbitrariamente en 71 y 61 ocasiones, respectivamente.

El grupo de asesoría legal señaló que durante las detenciones son recurrentes las amenazas de privación de libertad, golpizas y prácticas de tortura, como encerrar a los detenidos en patrullas a altas temperaturas con ventanas cerradas o apretar excesivamente las esposas.

“Cubalex considera relevante señalar que las prácticas de detención en Cuba,  reguladas por la Ley No. 143 del Proceso Penal, muestran discrepancias significativas con los estándares internacionales y generan ambigüedades en lo que respecta a los motivos de la detención y al margen de discrecionalidad con el que las autoridades pueden actuar”, puntualizó.

Recientemente el régimen cubano, con el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana Yuri Pérez Martínez a la cabeza, aseguró ante el EPU que en la Isla se reconocen los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.