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ICLEP
16 Mar, 2026
Detenidas dos periodistas independientes en La Habana: Una bajo amenazas de causa penal y la otra con reclusión domiciliar
Yania Suárez y Yunia Figueredo. Fotos tomadas de redes sociales.
Por ICLEP
Mar 16, 2026 | 8:30 AM
La Habana, Cuba — 10/03/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente dos nuevos hechos represivos ocurridos el día 10 de marzo en el municipio Playa, La Habana, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de prensa en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, las periodistas independientes Yunia Figueredo y Yania Suárez Caballero fueron objeto de detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de autoridades policiales, como represalia por ejercer su derecho a expresarse en protestas ciudadanas y denunciar situaciones que afectan a su comunidad.
Hechos documentados
Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
Dos periodistas independientes fueron detenidas en contextos distintos que evidencian un patrón de hostigamiento contra quienes ejercen el periodismo o denuncian irregularidades públicas.
En el caso de la periodista Yunia Figueredo, la detención ocurrió aproximadamente a las 5:00 PM en la localidad de Jaimanitas, municipio Playa. De acuerdo con el testimonio de su esposo, el periodista Frank Correa, Figueredo se unió a un cacerolazo en protesta por la prolongada crisis eléctrica que afecta a la zona. Minutos después, agentes policiales procedieron a arrestarla en medio de un apagón.
Durante el operativo represivo, los agentes lanzaron al suelo el teléfono móvil de la periodista. La detención se produjo frente a sus hijas menores, lo que generó un escenario de intimidación familiar. Tras su arresto fue trasladada a la estación policial de Siboney, donde permaneció aproximadamente dos horas y media bajo custodia policial.
En esa unidad fue interrogada por un oficial identificado como Leonel, quien anteriormente la había detenido. Según el relato de su esposo al ICLEP, el oficial le recordó que las autoridades mantienen un expediente abierto en su contra y la amenazó con la posibilidad de ser procesada penalmente en cualquier momento. Tras el interrogatorio fue liberada, aunque continúa enfrentando limitaciones en su comunicación debido a problemas de conectividad y cobertura telefónica.
Ese mismo día también fue detenida la periodista independiente Yania Suárez Caballero, quien acudió voluntariamente desde horas de la mañana a la unidad policial de 3ra y 110, también en el municipio Playa, para denunciar un conflicto vecinal relacionado con la instalación de un grupo electrógeno en el garaje del edificio donde reside.
Según su denuncia pública, desde hace más de un año dicho generador emite gases tóxicos bajo su balcón, afectando especialmente la salud de su madre asmática. Diversas instituciones estatales, incluyendo Salud Pública y la Dirección Municipal de la Vivienda, habían impuesto multas a la vecina responsable y reconocido que la instalación del equipo en un garaje viola el Reglamento de Edificios Multifamiliares. Sin embargo, las autoridades no habían hecho cumplir esas resoluciones.
Cuando la periodista acudió a denunciar amenazas recibidas por parte de la vecina, las autoridades policiales decidieron detenerla a ella en lugar de atender su denuncia. Fue acusada de “ejercicio arbitrario del derecho” y “amenazas”, cargos que ella rechaza.
Durante su detención, que se prolongó por aproximadamente 12 horas, Suárez Caballero fue encerrada en un calabozo de la unidad policial mientras los agentes se negaban a escuchar su versión de los hechos. El jefe de sector que previamente había desestimado el conflicto intervino nuevamente para responsabilizarla de la situación y exigirle que “tenía que parar”, ignorando su denuncia inicial.
Además, un oficial superior intentó presionarla para que entregara las llaves de un candado de su propiedad instalado en el garaje del edificio, amenazando con romperlo si no accedía. También intentaron obligarla a firmar un acta en la que constara que había sido “conducida” a la estación policial, documento que ella se negó a firmar porque había acudido voluntariamente.
Posteriormente las autoridades le impusieron la medida cautelar de reclusión domiciliaria mientras se desarrolla una supuesta investigación del caso.
La periodista denunció públicamente que la actuación policial evidenció un trato parcializado en favor de la vecina implicada y una actitud hostil hacia ella, marcada por antecedentes de estigmatización política debido a su postura crítica y a su vínculo con el activismo independiente.
Ambos casos han sido identificados a partir de la denuncia en redes de Yania Suárez y el testimonio directo al ICLEP de Frank Correa, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:
- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas
- Detención arbitraria
- Uso abusivo del poder estatal
- Reclusión o privación de libertad
y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
La Constitución de la República de Cuba reconoce formalmente derechos relacionados con la libertad de pensamiento y expresión que resultan incompatibles con detenciones arbitrarias y actos de intimidación contra periodistas.
El Artículo 54 establece que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.
El Artículo 55 reconoce la libertad de prensa y el derecho a recibir información veraz, aunque en la práctica el Estado mantiene el control de los medios de comunicación y limita severamente el ejercicio del periodismo independiente.
Asimismo, el Artículo 56 reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, derechos que se ven vulnerados cuando ciudadanos o periodistas son detenidos por protestar o denunciar públicamente situaciones que afectan a sus comunidades.
Asimismo, estos hechos violan compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, reconoce el derecho de toda persona a investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio.
Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin interferencias indebidas por parte del Estado.
La detención y hostigamiento de periodistas por expresar opiniones, denunciar problemas comunitarios o participar en protestas pacíficas constituye una violación directa de estos principios fundamentales.
Llamado del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige el cese inmediato del hostigamiento, la intimidación y el uso arbitrario de detenciones policiales contra periodistas independientes que ejercen su derecho a denunciar problemas públicos.
Asimismo, demanda el respeto efectivo a las garantías constitucionales de libertad de expresión, pensamiento y prensa, así como el fin de la utilización de leyes restrictivas para criminalizar el ejercicio del periodismo independiente.
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
Canales oficiales del ICLEP
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