Rained Ruiz Mursulí, Omar Mursulí y Andy Cabrera Abreu. Foto Facebook / Obdiel Torres Guevara
Por ICLEP
Mar 20, 2026 | 9:00 AM
Bolivia, Cuba — 20/03/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente un nuevo hecho represivo ocurrido el día 11 de marzo en el poblado de Miraflores, municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de manifestación pacífica en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, los ciudadanos Rained Ruiz Mursulí, Omar Mursulí y Andy Cabrera Abreu fueron objeto de detención arbitraria como represalia por participar en protestas pacíficas ocurridas el 10 de marzo en el caserío Rasos.
Hechos documentados
Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
El incidente ocurrió en el contexto de protestas pacíficas desarrolladas en el caserío Rasos, en el municipio Bolivia, provincia de Ciego de Ávila, durante la noche del 10 de marzo de 2026, como expresión de inconformidad ciudadana en medio de la situación social existente marcada por los prolongados apagones y la falta de recursos básicos.
Al día siguiente, 11 de marzo, fuerzas represivas del Estado ejecutaron la detención de los ciudadanos Rained Ruiz Mursulí, Omar Mursulí y Andy Cabrera Abreu en el poblado de Miraflores y los trasladaron a la Primera Unidad de la Policía en Ciego de Ávila.
Las detenciones se produjeron como consecuencia directa de la participación de estos ciudadanos en dichas manifestaciones pacíficas, sin que se reportaran actos violentos por parte de los mismos. Este proceder evidencia un patrón de vigilancia, identificación y posterior arresto selectivo de personas que ejercen su derecho a protestar.
Días después los tres detenidos fueron liberados bajo fianza, de acuerdo con la información del promotor de Cuba Decide Gerardo Bernal en redes, pero hasta el momento se desconocen y existe algún proceso penal en su contra y bajo qué cargos.
El caso ha sido documentado a partir de la denuncia pública realizada en redes sociales por los activistas Obdiel Torres Guevara y Gerardo Bernal, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:
- Detención arbitraria
- Uso abusivo del poder estatal
y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que los hechos descritos constituyen una violación directa de derechos reconocidos tanto en la Constitución de la República de Cuba como en el marco internacional de los derechos humanos.
En el ámbito constitucional, la detención de ciudadanos por participar en protestas pacíficas vulnera el Artículo 54, que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión y el Artículo 56, que consagra el derecho de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. Asimismo, estas detenciones arbitrarias contravienen las garantías del debido proceso recogidas en los Artículos 94 y 95, al no existir información transparente sobre cargos ni respeto a las garantías legales de los detenidos.
En la práctica, estas acciones represivas suelen apoyarse en el uso discrecional de figuras del Código Penal como el desorden público, el desacato y la instigación a delinquir, que son empleadas para criminalizar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, particularmente la protesta pacífica y la libre expresión.
En el plano internacional, estos hechos vulneran el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege la libertad de opinión y expresión. De igual forma, contradicen el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho de toda persona a expresarse y difundir ideas sin interferencias.
En conjunto, estas violaciones evidencian la incompatibilidad entre la actuación estatal en este caso y los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos fundamentales.
Llamado del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige la liberación inmediata de Rained Ruiz Mursulí, Omar Mursulí y Andy Cabrera Abreu, así como el cese de las detenciones arbitrarias contra ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente.
El ICLEP insta a las autoridades cubanas a respetar las garantías constitucionales vigentes y a abstenerse de utilizar el Código Penal como herramienta de castigo contra la libre expresión y la protesta cívica.
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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