Se hace insoportable la vida de los espirituanos
ICLEP
18 Mar, 2026
Funcionaria estatal agrede a periodista y destruye su teléfono mientras documentaba irregularidades en el reparto de agua en La Habana
Vladimir Turró Páez y la funcionaria que lo agredió. Fotos tomadas de su perfil en Facebook.
Por ICLEP
Mar 18, 2026 | 8:45 AM
La Habana, Cuba — 18/03/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente un nuevo hecho represivo ocurrido el día 9 de marzo en el municipio Arroyo Naranjo, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de prensa en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, Vladimir Turró Páez, periodista del medio independiente Cubanet, fue objeto de agresión física, destrucción de medios de trabajo y posterior citación policial, como represalia por ejercer cobertura periodística y denunciar irregularidades en la distribución de agua en su comunidad.
Hechos documentados
Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
El incidente ocurrió en la esquina de la calle Norte y la Calzada de San Agustín, en la barriada de Calleja, municipio Arroyo Naranjo, La Habana, en un contexto de grave escasez de agua potable que afecta a más de 500 núcleos familiares, quienes dependen de camiones cisterna para acceder al servicio.
Vecinos de la comunidad acudieron al periodista Vladimir Turró Páez para denunciar que un camión cisterna asignado al reparto de agua descargó únicamente en tres viviendas antes de retirarse, dejando sin abastecimiento al resto de la población. Ante esta situación, el periodista acudió junto a los residentes a exigir explicaciones a la funcionaria responsable de la distribución.
De acuerdo con su testimonio, la funcionaria se encontraba a más de tres cuadras del lugar donde debía supervisar el servicio, consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas. Cuando los vecinos comenzaron a cuestionarla, Turró se identificó como periodista de Cubanet y procedió a documentar los hechos.
En ese momento, la funcionaria reaccionó de forma violenta, se abalanzó sobre el reportero, le arrebató el teléfono móvil y lo lanzó contra el suelo, destruyéndolo, mientras gritaba que no le importaba su condición de periodista.
Vecinos y el propio periodista señalaron además posibles actos de corrupción asociados a la venta ilegal del agua distribuida por pipas, cuyo costo puede oscilar entre 25 000 y 35 000 pesos cubanos.
El hecho ocurrió en medio de un creciente malestar social en la zona, donde días antes alrededor de medio centenar de residentes se manifestaron por la falta de agua y los apagones prolongados.
Posteriormente, el 10 de marzo, Turró Páez fue citado a la unidad policial de El Capri, en Arroyo Naranjo. Aunque inicialmente temió que se tratara de un nuevo acto de hostigamiento, en la estación le informaron que la funcionaria acudiría para compensar el daño causado.
Ese mismo día, la funcionaria entregó al periodista 200,000 pesos cubanos como pago por el teléfono destruido. Durante su estancia en la unidad, un teniente coronel interrogó al periodista sobre sus publicaciones y le advirtió que podría enfrentar una acusación por difamación si la funcionaria decidía proceder legalmente.
La víctima sufrió agresión física, destrucción de su herramienta de trabajo, intimidación institucional y amenazas indirectas de criminalización por su labor informativa.
El caso ha sido documentado a partir de testimonios directos del propio periodista y las publicaciones del medio Cubanet, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:
- Agresión física
- Uso abusivo del poder estatal
- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas
y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
En primer lugar, la Constitución de la República de Cuba establece garantías vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, principios que resultan incompatibles con actos de censura, intimidación o represión estatal. En tal sentido, los hechos descritos en esta alerta violan el Artículo 54 de la carta magna según el cual “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. Asimismo, el Artículo 55 reconoce la libertad de prensa, aunque subordinada a los fines del Estado, lo que en la práctica limita el ejercicio independiente del periodismo. También resultan relevantes garantías como el derecho a la dignidad personal (Artículo 40) y a la inviolabilidad de la integridad física (Artículo 51), vulnerados en este caso mediante la agresión al periodista.
También, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, consagra el derecho de toda persona a “investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, prohíbe que alguien sea molestado por sus opiniones y protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin consideración de fronteras.
Llamado del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige el cese inmediato de las agresiones contra periodistas independientes y la garantía efectiva de su integridad física y profesional.
El ICLEP condena el uso de la violencia por parte de funcionarios estatales para impedir la documentación de hechos de interés público, así como las prácticas de intimidación posteriores dirigidas a disuadir la denuncia de la corrupción.
Asimismo, insta a las autoridades cubanas a investigar de manera transparente las irregularidades denunciadas en la distribución de agua y a garantizar que ningún periodista sea objeto de represalias por exponer problemáticas sociales que afectan a la ciudadanía.
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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